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Las autoridades de Ceuta expulsaron a extranjeros sin presencia de abogado

Las autoridades gubernativas de Ceuta tramitaron muchos retornos y expulsiones sin la presencia de un abogado, tal y como exige la Ley de Extranjería. Así se desprende del informe anual del Defensor del Pueblo.

En los expedientes presentados por la Delegación del Gobierno 'se observó que en la diligencia de información de derechos no consta de forma fehaciente la intervención del letrado', señala el texto remitido a las Cortes. 'En unos casos figura la firma de una tercera persona distinta del funcionario y del interesado que se puede suponer que es la del letrado, si bien no está identificada ni con el nombre ni con el número de colegiado, y en algunos otros casos, incluso no aparece firma alguna'.

María Luisa Cava de Llano, adjunta primera al defensor del Pueblo, estuvo en Ceuta y respalda estas afirmaciones, aunque matiza: 'No creo que se trate de casos de mala fe, sino de confusión entre las distintas legislaciones que se han sucedido en los últimos años'.

El informe de la institución señala que las autoridades policiales informaron de que, 'con independencia de la constancia escrita, la diligencia de información a derechos al detenido siempre se realizaba en presencia de abogado e intérprete en los casos en que era necesario'.

El Defensor considera insuficiente esta afirmación: 'La asistencia letrada exigida en la ley es una garantía esencial vinculada al derecho a la defensa, por lo que en ningún caso puede obviarse ni presuponerse, siendo exigible en cada uno de los procedimientos tramitados la constancia de la intervención e identificación del letrado que intervenga en el mismo', advierte. Es decir, su nombre, su número de colegiado y su firma.

Las notificaciones de retorno tampoco acreditan que fueran realizadas en presencia de abogado e intérprete. Lo que, según la oficina de Enrique Múgica, 'tampoco resulta garantía del derecho de defensa que asiste a los inmigrantes'.

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Un portavoz del Colegio de Abogados de Ceuta declaró a EL PAÍS que si algún trámite se había realizado sin la presencia de un abogado, sería porque la policía no lo había pedido. 'Tenemos un letrado de guardia, y cuando los agentes le llaman, siempre acude'.

Este periódico trató de recabar la versión de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, sin resultado.

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