Los hoteleros de la Costa Brava, favorables a un impuesto finalista similar a la 'ecotasa'

'¿Cuánto cuesta el Montgrí? ¿Cuánto valen las montañas de Les Gavarres?'. Cuando el director de la Escuela Oficial de Turismo de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, dirige estas preguntas a los responsables del sector turístico de la Costa Brava y a la sociedad en general no espera obtener una respuesta. Él tampoco ofrece ninguna. En realidad, su desafío no tiene por objeto tanto determinar el precio de estos dos característicos accidentes geográficos de la costa gerundense cuanto plantear la cuestión de la sostenibilidad en la Costa Brava en los términos que mejor entiende el sector turístico: los económicos. Su propósito es hacer ver de una forma intuitiva que el valor del paisaje de la Costa Brava es infinitamente superior al precio que actualmente pagan los turistas para poder usarlo y que, por consiguiente, no sería en absoluto irrazonable reclamarles más dinero a fin de preservar este bien tan preciado.

Francesc López, gerente del Patronato de Turismo de la Costa Brava, y Martí Sabrià, gerente de la Asociación de Hostelería de la Costa Brava centro, están perfectamente de acuerdo con la idea de fondo. Según ellos, el mejor capital de que dispone la industria turística es el paisaje y, por tanto, éste debe ser preservado al máximo del tipo de agresiones urbanísticas que hasta ahora han estado destrozando la Costa Brava, especialmente durante estos últimos 20 años.

Sabrià mantiene que el sector debería 'ser valiente y afrontar una moratoria de obra nueva como la que se ha aprobado recientemente en las islas Baleares'.Por consiguiente, tanto el sector académico como el industrial coinciden con el diagnóstico de los grupos ecologistas según el cual el territorio de la Costa Brava ha llegado al límite de su capacidad de carga medioambiental. Todos están de acuerdo en afirmar que a partir de ahora los esfuerzos deben concentrarse en llevar a cabo actuaciones territoriales amplias para preservar lo que todavía queda de paisaje natural, ya que el turista es cada vez más exigente con la calidad medioambiental. Asimismo, todos ellos reconocen que estas actuaciones serán caras y que una de las mejores formas de financiarlas podría consistir en establecer un impuesto finalista sobre los mismos servicios turísticos.

Las discrepancias afloran en forma de pequeños matices cuando llega el momento de abordar la cuestión de si debería tratarse de un impuesto como la llamada ecotasa balear. Quienes se oponen con mayor claridad a una ecotasa gerundense son los representantes de la patronal turística. La principal razón por la que Martí Sabrià y Francesc López muestran su oposición a una medida de este tipo es que la ecotasa cargaría injustamente toda la responsabilidad impositiva en el sector hotelero.

Sólo el 8% La ecotasa, tal como la han diseñado en Baleares, consiste básicamente en gravar cada pernoctación que efectúa un turista en un hotel con una determinada cantidad que varía en función de la calidad del establecimiento. Sin embargo, en la Costa Brava el porcentaje de plazas hoteleras declaradas corresponde tan sólo al 8% del total de plazas turísticas disponibles. La gran mayoría de plazas turísticas en la costa gerundense no están legalizadas o corresponden a segundas residencias o apartamentos.

De ahí que el sector turístico opine que gravar el impuesto tan sólo sobre los hoteles equivaldría a hacer pagar a un sector minoritario los platos rotos de un colectivo mucho más amplio. Además de eso, Sabrià señala que el turista que llega a la Costa Brava consume tan sólo una tercera parte de su presupuesto en alojamiento y gasta las dos terceras partes restantes en otros servicios turísticos que también repercuten en el entorno. Por consiguiente, éstos también deberían ser considerados en el momento de pensar formas de obtener financiación destinada a preservar el medio ambiente. Francesc López, por su parte, mantiene que los consistorios deberían disponer de mayores recursos presupuestarios propios ya que así no se verían obligados a conceder tantas licencias de obras a fin de costear los caros servicios públicos que han de ofrecer durante el verano. José Antonio Donaire está de acuerdo en que el problema de sostenibilidad en la Costa Brava radica en las segundas residencias y apartamentos cuya ocupación dura apenas unos meses al año, pero que degradan con voracidad el territorio y, en este sentido muestra cierto escepticismo respecto a la ecotasa.