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La Guardia Civil detiene en Andalucía a otras 11 personas en la Operación Oliva contra el fraude en las ayudas al aceite

La Operación Oliva, iniciada en 1999 para desbaratar las redes de fraude que se habían constituido fundamentalmente en Andalucía al calor de las ayudas de la UE a la producción de aceite de oliva, sigue dando frutos. En los últimos días, la Guardia Civil ha detenido a 11 personas que, supuestamente, solicitaron, y en su mayor parte, cobraron, ayudas comunitarias por unos 728.000 kilos de aceite que nunca llegaron a ser producidos. El fraude estimado rondaría los 117 millones de pesetas.

Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron hace más de dos años, tras una denuncia realizada por la Agencia para el Aceite de Oliva (Ministerio de Agricultura), cuyos inspectores, tras procesar información suministrada por la Junta de Andalucía, alertaron a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del cobro irregular de subvenciones.

La Guardia Civil dio por cerrada la primera fase de la Operación Oliva en febrero, con 53 detenidos por su supuesta implicación en un fraude de unos 2.000 millones de pesetas. Los investigadores comprobaron que desde almazaras de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla se habían expedido certificados falsos de molturación (prensado) de aceituna, en los que se inflaban las cantidades que entregaban los oleicultores. Estos certificados son los que los productores deben presentar para cobrar las ayudas comunitarias.

Ya entonces, los responsables de la Guardia Civil anunciaron que el estudio de la abundante documentación intervenida daría lugar a nuevas actuaciones. Por un lado, debían investigar a todos los oleicultores que trabajaban con las almazaras implicadas. Y la operación también dejó al descubierto una tupida red de sociedades interpuestas, en la que participaban gran parte de los detenidos, que era usada para complicar el rastro de las subvenciones.

Según el comunicado remitido ayer, los 11 nuevos detenidos están relacionados con una almazara de El Saucejo (Sevilla), cuyo dueño fue uno de los últimos detenidos en la primera fase de la operación. De hecho, dos de los detenidos viven en esta localidad y el resto pertenecen a dos familias de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y de Arcos de la Frontera (Cádiz). Según la investigación, la almazara y los oleicultores debieron ponerse de acuerdo para justificar 'fraudulentamente' en las campañas 97/98 y 98/99 la molturación de unos cuatro millones de kilos de aceitunas de los que debía haberse extraído los 728.000 kilos de aceite.

Pero las aceitunas eran 'ficticias' y las entregas se 'simularon', según la Guardia Civil, que en las parcelas de los supuestos oleicultores o no ha encontrado olivos (algunas estaban en zona pantanosa), o cuando los había, eran de muy baja producción. 'Aún hay muchos documentos que investigar, el fraude puede ser mucho mayor', aseguraron fuentes de la Guardia Civil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de julio de 2001