La cúpula fiscal solicita que Piqué declare como testigo por el 'caso Ercros'

Zato y Villarejo, este último con particular energía, insistieron sin éxito en que Piqué declare como imputado ante el Supremo.

Durante el largo debate, cinco fiscales, los jefes de la Sala Penal, Eduardo Torres-Dulce; de la Social, Juan José Martín-Casallo; de la Civil, Jesús Bernal, y de la Militar, José María Íscar, además del fiscal togado Gonzalo Martínez Picó— propusieron que Piqué declarase como testigo ante la Audiencia Nacional, y que en caso de que se apreciaran indicios delictivos, la juez elevara el caso al Supremo, de forma razonada.

Finalmente se impuso por 13 votos a dos no imputar a Piqué y que prosiga la investigación en los juzgados de Barcelona y de la Audiencia Nacional. Por amplia mayoría (no cuantificada) se acordó pedir a Cardenal que declaren ante la Audiencia Nacional todos los consejeros de administración de Ercros en 1990 y 1991.

La nota oficial facilitada tras más de nueve horas de reunión, en sesiones de mañana y tarde, deja claro que "el fiscal general ha anunciado que se suma" al acuerdo de no imputación de Piqué, mientras que nada dice respecto al segundo acuerdo, según el cual "la Junta de Fiscales de Sala propone por mayoría al fiscal general del Estado que se dirija al Fiscal Jefe Anticorrupción para que en la continuación de la investigación en el Juzgado Central número 3 se cite a declarar como testigos a la totalidad de los miembros del consejo de administración de Ercros en el tiempo en que sucedieron los hechos investigados".

El relevo de VargasDurante la reunión matinal, José María Luzón, teniente fiscal, número dos de la Fiscalía General, arremetió contra el informe de Bartolomé Vargas, que pide la declaración de Piqué como imputado, propuesta avalada por los fiscales penales del Supremo. Martínez Zato planteó por la tarde que esas críticas conducían al relevo de Vargas. Luzón recogió el guante y defendió el relevo de Vargas, incluso en el caso de que asumiera la competencia el Supremo.

José Aranda, fiscal jefe de la Sala Penal del Supremo, acusó a Vargas de pretender abrir una causa general y asumir la instrucción de un asunto que corresponde a la Sala Penal del Supremo. Aseguró que los diferentes indicios están apreciados con vaguedad y no responden a la realidad de los hechos. Aranda, superior inmediato de Vargas, cuyo trabajo no desautorizó en los meses últimos, le reprochó haber desobedecido lo acordado el año pasado, cuando se decidió que volvería a encargarse del caso cuando el Supremo asumiera la competencia, si se lo pedían los jueces que investigan el caso Ercros.

Por el contrario, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, apoyó en todo momento el informe de Vargas y sostuvo, frente al criterio de Aranda, que cabe que la Sala Penal del Supremo asuma de oficio su competencia, como consecuencia de la aparición de indicios delictivos contra un aforado, el ministro Piqué.

Villarejo resaltó "la escasa relevancia procesal" de "la citación de una persona como imputada" y manifestó que "sorprende que la Fiscalía General se constituya en garante de quienes pueden tener relación con una actividad irregular o delictiva, fijando límites injustificados a la investigación". Frente a lo que dice el contrainforme de la Secretaría Técnica, de que no se puede ampliar "una interminable cadena de sospechosos", Villarejo afirmó que "tendrá la extensión que imponga una investigación de por sí compleja".