La justicia ignora cuatro años después quién es responsable de la tragedia del 'Proof Spirit'

Los cuatro años transcurridos no han servido siquiera para determinar a día de hoy si las muestras que existen y se han analizado son realmente del líquido que escapó de las tuberías, prendió y sembró de muerte el puerto de Valencia el 3 de julio de 1997.

Lo que ocurrió aquella mañana en los muelles de astilleros de Unión Naval de Valencia (UNV), entonces Unión Naval de Levante (UNL), fue de tales proporciones que la investigación perdió en el mismo lugar de los hechos parte de las garantías para que pueda resolverse quién fue el responsable del siniestro. Lo único que aparece como indiscutible, y así lo señala el fiscal del caso, Jaime Cussac, es que un tramo de tubería fue manipulado -por razones desconocidas- y las bridas que ensamblaban ese trozo con el resto del trazado tenían una holgura que permitió la fuga del gasóleo que se estaba cargando.

El entramado de empresas subcontratadas que realizaban diferentes tareas en el buque se ha convertido en una densa niebla que no ha dejado, hasta el momento, señalar a los responsables de la seguridad de los diferentes trabajos que allí se realizaban. El buque superó cuarenta días antes del suceso una prueba de seguridad de las tuberías que consistió en hacer circular a través de ellas aire a una determinada presión, precintar las juntas y colocar sobre ellas espuma de afeitar. Si hubiese habido una fuga, la presión hubiese variado y en la espuma se hubieran detectado burbujas. No fue así. El examen fue superado con éxito. Pero eso, a lo que tanta importancia han dado el armador del barco, el astillero y las aseguradoras, no sirve para determinar nada de lo que ocurrió hoy hace cuatro años. Las diligencias, en las que el juez instructor ha dado carta blanca permitiendo que se practicaran todo tipo de pruebas, se han atascado en un análisis químico que no acaba de certificarse, en la declaración de un operario que vive en Holanda y en una pericial que una de las partes anunció como necesaria y sobre cuya realización aún no se ha pronunciado. Una decena de personas han sido imputadas. Pero el delito, o la falta, es una imprudencia sin responsables que mató a 18 trabajadores.