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El origen de la iniciativa procede de la moción que la izquierda presentó también conjuntamente en el último debate de política general y que fue derrotada. Aquella moción contenía 10 prioridades que suponían de hecho un programa alternativo a la política del Gobierno de CiU.
El primero de los diez puntos era precisamente una apuesta por la reforma del Estatut, que ahora se concretará. El texto fue leído ayer por el portavoz parlamentario de Esquerrra, Josep Huguet, como punto de partida del trabajo conjunto de la izquierda: '[la izquierda se propone] la reforma del Estatuto y si procede la reforma del texto constitucional' con dos objetivos. De un lado, conseguir un 'reconocimiento efectivo del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado español'. Del otro, 'incorporar en el ordenamiento jurídico lo que se desprende del Tratado de la Unión Europea y de la Carta Europea de la Autonomía local'.
A juicio de Rafael Ribó, presidente del grupo parlamentario de Iniciativa, un eventual acuerdo servirá para destapar el 'trapicheo' de CiU. 'La coalición nacionalista se presenta como firme defensora del autogobierno y después se esconde tras los pactos del PP', aseguró.
Si los tres partidos de izquierdas logran elaborar un documento conjunto sobre el autogobierno, CiU tendría como único aliado posible al PP en un asunto tan sensible para sus bases como la mejora del autogobierno. Pese a ello, el portavoz de CiU en el Parlament, Ramon Camp, minimizó el anuncio de los grupos de izquierda y subrayó que va 'contra el consenso'.
El dirigente nacionalista consideró que la iniciativa responde a un intento de 'tapar' la falta de propuestas autonomistas del PSOE. Además, la izquierda pedirá hoy al presidente del Parlament que habilite el mes de julio para proseguir con los trabajos de la comisión, una medida a la que se oponen CiU y el PP.
Sindicatura de Cuentas
El pleno que hoy empieza es también la última ocasión antes de las vacaciones parlamentarias para que la Cámara intervenga en la crisis que atraviesa la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Esta institución atraviesa una grave crisis porque sus miembros son incapaces desde hace cuatro meses de elegir al síndico mayor. CiU ha redactado una propuesta que tiene el respaldo del PP e IC-V y es bien vista por ERC, pero necesita también el apoyo del PSC, que de momento se opone a la fórmula propuesta.
Por otro lado, ERC e IC-V advirtieron ayer que la política del Gobierno de Jordi Pujol agrava el riesgo de incendios. Ambos partidos coincidieron en señalar que el Gobierno catalán evita poner en práctica algunas medidas preventivas únicamente 'por ahorrar algún dinero'.
