Anticorrupción pide que se investigue el retraso del suplicatorio contra Berlusconi

El fiscal Carlos Castresana, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, pidió ayer al juez central de instrucción número 5, Baltasar Garzón, que investiga un supuesto fraude cometido por directivos de Tele 5, 'que se reproduzca el suplicatorio indebidamente paralizado' contra Silvio Berlusconi, presidente de Forza Italia y diputado del Parlamento Europeo. El fiscal propone que se investigue si el retraso de siete meses en la tramitación implica el delito de algún funcionario.

En el escrito de Castresana a Garzón se recuerda que el procedimiento penal contra Berlusconi, Marcelo Dell'Utri y otros se inició en julio de 1997 y posteriormente ambos imputados obtuvieron la condición de diputados europeos, por lo que era necesario pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Así se hizo el 27 de octubre de 1999, a través de los presidentes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con destino a la presidenta del Parlamento Europeo.

Castresana indica que, en respuesta a los recursos de Berlusconi y Dell'Utri, el juez, la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la Sala Penal del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en un total de ocho resoluciones firmes e inequívocas, confirmaron la procedencia del trámite para comunicarse desde la cúpula del poder judicial español a la del poder legislativo europeo.

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El fiscal explica que en febrero de 2001 Garzón hizo un recordatorio del suplicatorio, pero 'se sigue careciendo en el juzgado de cualquier noticia o confirmación de que el suplicatorio haya sido remitido, tramitado y resuelto o, por el contrario, haya sido inadmitido o devuelto'. Castresana atribuye esta omisión a que, 'al parecer', la presidenta del Parlamento Nicole Fontaine, tuvo 'más que dudas' sobre el cauce empleado, retuvo el documento y consultó al Gobierno, que en marzo de 2001 trasladó la consulta al Consejo de Estado, que no ha emitido dictamen.

La petición de Castresana a Garzón es que reproduzca el suplicatorio por igual cauce judicial y comunique a la presidenta del Parlamento Europeo que 'la duda que al parecer alberga respecto de la autoridad española que es competente para remitir el suplicatorio en cuestión ha sido resuelta por los tribunales españoles en las ocho resoluciones firmes, (...) en el sentido de que dicha competencia corresponde al órgano que ya se lo remitió hace casi un año'.

Castresana pide a Garzón que, 'asimismo, a través de la presidencia del Tribunal Supremo, se dirija atenta comunicación al Gobierno de la Nación y al Consejo de Estado', con el contenido de las ocho resoluciones judiciales para que 'puedan despejar las dudas que parecen albergar respecto de la misma cuestión'.

Por último, pide una investigación judicial para averiguar si el retardo 'obedeciera a la realización de conductas constitutivas del delito de denegación de auxilio, previsto y penado en el artículo 412.1 del Código Penal'.