Los países andinos emprenden una estrategia regional para combatir el narcotráfico

Los países beneficiarios del Atpa (sistema de preferencias comerciales para los países andinos) han creado en Cartagena (Colombia) un bloque de cooperación política para afrontar el flagelo de las drogas ilícitas y crear alternativas de desarrollo que permitan la generación de empleo legal. La cumbre del Atpa concluyó el miércoles por la noche (hora local). Esta estrategia regional antidrogas fue incluida en una carta en la que los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia y el canciller de Perú solicitan al presidente de EE UU, George Bush, la prórroga y ampliación del sistema de preferencias.

La estrategia tiene tres componentes. El primero tiene que ver con la definición de la estrategia, el segundo son planes binacionales para reforzar la vigilancia en las fronteras, el intercambio judicial y la cooperación entre las fuerzas armadas en regiones limítrofes.

El tercero es un acuerdo para respetar las estrategias que cada país adopte, como el Plan Colombia y el Plan Dignidad de Bolivia. Llamó la atención el cambio de tono del presidente venezolano, Hugo Chávez -que asistió como observador-, quien cambió su duro discurso crítico: "De esas dudas que hubo en alguna ocasión sobre el Plan queda en este momento claridad y disposición de apoyo pleno a la justicia social y la paz".

"La situación de los países andinos es difícil, pero no insalvable", dijo Hugo Banzer mandatario de Bolivia, al terminar la reunión en la que se acordó también pedir la inclusión al sistema de preferencias de unas 1.300 partidas arancelarias que equivale a unos 500 productos de exportación de la región andina.

Mientras en Cartagena los mandatarios ultimaban los detalles de lo que el presidente Pastrana denominó "una estrategia macro que significará el fortalecimiento de la lucha antinarcóticos", fuentes estadounidenses alertaron sobre el peligro que corre Colombia de perder las preferencias por incumplir con el fallo de un tribunal que obliga al Estado a pagar 61 millones de dólares a la empresa TermoRío, de la cual es socia la multinacional norteamericana Sithe Energy.

Supuestamente el Gobierno incumplió con obligaciones dentro de un sonado escándalo de corrupción que involucra a funcionarios del sector eléctrico del país. El Ejecutivo apeló el fallo argumentando prácticas corruptas.

El vicepresidente de la asociación de proveedores de energía de Estados Unidos del norte aseguró que su Gobierno debe evitar expandir sus relaciones económicas con Colombia hasta que la deuda se pague.

Y existe la posibilidad de otro condicionamiento que puede bloquear las aspiraciones colombianas.

Se habla de introducir una cláusula al proyecto de ley que estudia el congreso norteamericano, en la que se supeditan los beneficios a que se tomen medidas para proteger la vida de los sindicalistas colombianos. En lo que va de año, 31 han sido asesinados.