La congelación de tres informes críticos con el Gobierno de CiU bloquea la Sindicatura

Estos tres casos están desde hace meses en manos de la justicia, que ha avanzado mucho más que la Sindicatura de Cuentas en sus investigaciones. Se da la circunstancia, además, de que los tres casos afectan a la gestión económica de varios departamentos de la Generalitat.

Para hacerse una idea del descontento que existe en la Sindicatura basta con repasar las posiciones que han mantenido los tres síndicos propuestos por CiU para elegir al máximo representante de la institución. Montserrat de Vehí -propuesta por Unió y apoyada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y por el del Parlament, Joan Rigol- se ha quedado sola votándose a sí misma. Xavier Vela y Marià Nicolás, elegidos a instancias de CDC, han dado su voto para síndico mayor al candidato propuesto por el PP, Manuel Barrado.

La crisis se ha visto azuzada por el hecho de que el consejero de Industria, Antoni Subirà, desvelara en el Parlament parte del contenido del proyecto de informe -congelado por la Sindicatura- sobre la gestión del Consorcio de Turismo, cuyas responsabilidades se dirimen en un juzgado de instrucción. Por todo ello, la Sindicatura se verá obligada a aprobarlo de urgencia en su próximo pleno. Habrán pasado dos años y ocho meses desde que el Parlament encargó el trabajo.

Informes hibernados

Otros informes de la Sindicatura seguirán hibernados. La investigación sobre la Fundació Catalana per a la Recerca concluyó en octubre pasado y, a pesar de estar sólo pendiente del trámite de alegaciones -reglamentado en 15 días-, lleva medio año guardado en un cajón. La Fundació Catalana per a la Recerca vendió por 200.000 pesetas el portal de Internet Olé, el primero de búsqueda en castellano. Posteriormente, los compradores, la mayor parte de ellos vinculados a la fundación, vendieron en 1999 el portal a Telefónica por 3.000 millones de pesetas. La privatización se hizo de espaldas al patronato de la fundación y le costó el cargo al entonces director, Josep Antoni Plana.

Tanto Montserrat de Vehí como Ferran Termes fueron presentados al cargo por Unió Democràtica de Catalunya. Termes fue acusado por Barrado -propuesto por el Partido Popular - de paralizar las investigaciones más polémicas para el Gobierno de Convergència i Unió.

De los tres informes polémicos para el Gobierno de CiU, el estudio estrella de la crisis de la Sindicatura es el del caso Pallerols, relativo al reparto de los fondos de la Unión Europea para la formación de parados. El caso estalló políticamente el 13 de octubre de 1998 y el Parlament de Catalunya encargó a la Sindicatura el estudio a finales de aquel año. Pero esta institución se ha tomado con calma su actuación sobre un escándalo que afecta a diferentes gobiernos de CiU.

Por ahora, el expediente de la Sindicatura sobre ese asunto contiene sólo dos cartas. Ni siquiera se ha pedido un documento o antecedente sobre el caso. El anterior síndico mayor, Ferran Termes, alegó falta de medios para poder investigar. Sin embargo, otros síndicos, como Barrado, hablan de 'obstruccionismo'.

La sombra del síndicoLas responsabilidades sobre la congelación del informe convergen sobre la figura del síndico mayor. No en vano éste es el único que tiene arrogadas las capacidades para reclamar la documentación que debe permitir el análisis del reparto de los fondos públicos para formar parados y el tratamiento que el Departamento de Trabajo dio al empresario andorrano Fidel Pallerols.

De ahí que la elección de la figura de síndico mayor no sea una cuestión baladí, sino de gran calado político. Los personalismos, ambiciones y diferencias personales no explican por sí solos, según diversas fuentes políticas, la crisis de la entidad. Tampoco lo explican los 17 millonesde pesetas de sueldo, o la consideración de uno de los cargo públicos con mayor peso político de Cataluña.