Un ex responsable del Imefe afirma que en las adjudicaciones influía el aval de los concejales

Además de José Luis Solana, ayer comparecieron ante la comisión -presidida por Isabel Vilallonga, del PSOE- la presidenta del Imefe y concejal del PP, María Antonia Suárez, y el gerente del instituto, Ricardo Peydró.

Además de revelar la supuesta recomendación de los concejales para adjudicar los cursos -lo que, en opinión de Villalonga demuestra que 'en los contactos con esas empresas podría haber habido claramente trato de favor'-, las declaraciones de Solana sirvieron a los grupos de la oposición para concluir que hasta el año 2000 no se inspeccionaron los programas adjudicados por el Imefe.

Según la oposición, de los datos de la comisión se infiere que, de los 131 cursos que se inspeccionaron entre el 3 de marzo y el 27 de julio de 2000, se hallaron irregularidades en el 10%. Extrapolando ese dato al total de los cursos realizados entre 1994 y 1999, la oposición estimó 'que ha existido un fraude de unos 500 o 600 millones de pesetas, agravado por un posible delito de falsificación de firmas', explicó Vilallonga.

El grupo PSOE-Progresistas aportó ayer un diploma de un curso para auxiliar en tratamiento de software expedido a una persona que, según una carta remitida junto con el diploma, nunca asistió a las clases. Para aclarar la posible falsificación general de diplomas, PSOE e IU han pedido que se contrate a un técnico caligráfico.

Las irregularidades descubiertas se refieren también a las insuficientes dotaciones de las aulas en las que se impartían las clases. En algunas de ellas no había ventilación ni luz natural, pareciendo 'un cuarto de limpieza', según los informes realizados por los inspectores.

Con todo, para Vilallonga e Inés Sabanés, de IU, la principal irregularidad ha sido la constatación de que los cursos no contaban con el número de alumnos por el que oficialmente se pagó a las empresas. En algunos casos, incluso no llegaron nunca a realizarse.

En este sentido, Sabanés resaltó que 'nunca y en ningún caso se ha penalizado a una empresa por el incumplimiento de sus contratos, por lo que entendemos que se ha producido una lesión en el bien patrimonial del Imefe en unos 500 millones'.

Las afirmaciones de Solana sobre la recomendación de las empresas por parte de los concejales fueron negadas por otros dos comparecientes, el sustituto de Solana en el cargo, Juan Soler, y el director de servicios centrales, Juan Acosta.

También el representante del PP en la comisión, Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, afirmó que las revelaciones de José Luis Solana 'no podían siquiera ser objeto de debate'. 'Todos los concejales, incluso yo mismo, recibimos recomendaciones para escuchar a personas. Cada semana recibo en mi despacho a tres o cuatro personas porque tengan algún problema o conflicto con sus impuestos, sin que eso signifique que luego actúe como yo creo que deba actuar', explicó Bujidos.

Mosaico

El concejal de Hacienda señaló asimismo que, en vista a las declaraciones de Vilallonga y Sabanés, ve muy difícil que se pueda llegar a un consenso sobre las conclusiones de la comisión. Tanto la portavoz del grupo socialista como la de IU señalaron que van a pedir que la empresa Mosaico devuelva los 40 millones que se le pagaron por realizar un logotipo para el Ayuntamiento. La empresa inició ese trabajo como un curso de formación para parados, pero posteriormente el encargo se reconvirtió en un contrato de asesoría técnica, por lo que no puede ser abonado con cargo a los fondos europeos.

El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, asumió personalmente toda la responsabilidad en ese contrato, y afirmó que no había notificado a la presidenta del Imefe la modificación. Según los documentos aportados por Peydró, la empresa 'gastó sólo 19 millones en la realización del logotipo, por lo que obtuvo unos beneficios de 21 millones', concluyó Vilallonga.