La Generalitat se plantea que Telefónica le conecte su red sanitaria

Los lazos entre la Generalitat y Telefónica en la nueva etapa de César Alierta como presidente de la compañía se estrechan aún más.

El Gobierno catalán puede apoyarse ahora en el operador dominante para que le ayude a salvar la cara ante el compromiso político, asumido por el Parlament, de que la red sanitaria y de enseñanza de toda Cataluña quede conectada con banda ancha antes de que acabe este año y, con ella, queden ligadas todas las capitales de comarca.Telefónica confirmó ayer que las escuelas y la sanidad están en su área de interés.

Por el momento, es el operador de cable al-pi telecomunicacions (participado en el 75% por Uni2 y en el 25% por el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat) el que se encarga del cableado de hospitales e institutos públicos. Pero la Generalitat -tal como el secretario para la Sociedad de la Información, Carles Martín, avanzó en una entrevista a este periódico- está planteándose ahora otorgar a otro operador este negocio, que no está resultando rentable para al-pi, según reconocen fuentes de la propia empresa.

Telefónica ha expresado en múltiples contactos con la Administración catalana su voluntad de llegar a acuerdos en relación con los pilares del Plan Estratégico Catalunya en Xarxa, que marca las prioridades en el avance de la sociedad de la información.Los pilares del Plan Estratégico son la sanidad, la enseñanza y la Administración.

El meollo de la cuestión es cómo puede ahora replantearse el concurso. Para que otra empresa pueda hacerse cargo del negocio, primero tendría que reorientarse la estrategia inversora del operador al-pi -que controla Uni2 tras la privatización de Catalana de Telecomunicaciones en 1998- y al que corresponde conectar con banda ancha 1.500 centros de atención primaria, hospitales y centros de enseñanza secundaria.

Pese a que el ex consejero director general de al-pi, Ignacio Vidaurrázaga, admitió el pasado otoño ante el Parlament que este operador no podría cumplir con el supuesto compromiso de culminar esta conexión durante el año 2001, los dos accionistas de al-pi (Uni2 y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat) recuerdan, sólo ahora, que nunca existió tal compromiso en el Contrato de Prestación de Servicio firmado el 30 de noviembre de 1998. Otras fuentes insistían ayer en que dicho compromiso 'sí existió en algún otro documento porque, si no, Vidaurrázaga nunca hubiera hablado como lo hizo en el Parlament'.

Así, la Generalitat se considera con las manos libres para plantearse que otro (u otros) operador se haga cargo de toda o una parte del mercado sanitario y de enseñanza. Distintas fuentes del sector coincidían ayer en señalar que 'Telefónica es el operador mejor situado' tanto por su amplia red de fibra óptica como por su apuesta por la tecnología ADSL, que permite las comunicaciones de banda ancha con una inversión menor a la de tirar cable.

Estudio técnico

Sin embargo, pese a que todos los indicios apuntan a que Telefónica saldrá beneficiada en un posible nuevo concurso, por el momento la cosa está verde. De entrada, habría que estudiar cómo se puede conectar técnicamente la red de hospitales.

La oposición socialista ha acusado reiteradamente al Gobierno catalán de echarse en brazos de Telefónica. También empujan en esta dirección tanto los retrasos en el despliegue de los operadores de cable que crean una red alternativa a la del operador dominante como las quejas sobre los servicios que dan, pasando por la aparición de nuevas tecnologías que aseguren la conexión rápida a Internet con inversiones menos costosas.

De hecho, el conseller en cap, Artur Mas, pudo escuchar el pasado martes por boca de la presidenta de Uni2, María Victoria Hernández, la 'preocupación' del accionista mayoritario de al-pi porque 'con la sanidad no se gana el dinero que habría que ganar para poder efectuar las elevadas inversiones comprometidas', señalaron ayer fuentes de al-pi. Estas inversiones ascienden a 48.000 millones de pesetas en 10 años. Por ahora, el compromiso de inversión se ha cumplido en el 97%, lo cual se ha traducido en 13.425 millones de pesetas. 'Es difícil conjugar la lógica empresarial con los objetivos políticos', admiten las mismas fuentes.

En dicha reunión, Mas y Hernández exploraron la posibilidad de que las inversiones de al-pi se reorienten hacia la conexión de otros edificios públicos, como los juzgados. Un portavoz de al-pi informó ayer de que el próximo lunes se cerrará este giro inversor.