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Bruselas pide al Gobierno datos del fraude en cursos a parados de Madrid

Carlos Carnero, eurodiputado socialista, ha planteado a la Comisión Europea dos preguntas para conocer qué iniciativas va a adoptar para esclarecer el supuesto fraude con fondos comunitarios en cursos del Imefe (Instituto Municipal de Empleo de Madrid). El gerente de este organismo, Ricardó Peydró, presentó ayer una querella contra una de las adjudicatarias, Ifomar (perteneciente a un grupo empresarial que ha contado en su accionariado con dos militantes del PP), por simular cursos a presos. Instituciones Penitenciarias ha acreditado que muchos de los cursos supuestamente impartidos en prisiones madrileñas y cobrados por Ifomar no llegaron a darse.

El Grupo Municipal Socialista exigió ayer el cese de Peydró y de la concejala del área de Empleo, Maria Antonia Suárez, que ejerce como presidenta del Imefe.

La concejal socialista Isabel Vilallonga, que ha estudiado a fondo el caso Imefe, atacó ayer duramente la actitud de los responsables de este organismo. 'Resulta inconcebible que el gerente del Imefe afirme no conocer irregularidades de estas empresas, cuando en 1997, cerca de veinte empresarios, en representación de la asociación de empresarial de academias de formación profesional, le manifestaron que se estaban adjudicando cursos a empresas piratas, cuya única solvencia profesional consistía en un teléfono móvil'.

Rafael Simancas, secretario general del PSOE en Madrid, emplazó ayer al presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar, y al responsable de esta formación en Madrid, Pío García Escudero, a aclarar este asunto que, a su juicio, tiene un paralelismo con el caso Pallerols (uso fraudulento de fondos para formación a parados por parte de academias vinculadas a Unió Democrática de Catalunya). Simancas, que dijo que el PP debía velar por su buena imagen, ironizó sobre la actitud del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. 'Es curioso que el lunes, al conocer la primera denuncia, el regidor dijera que era un caso viejo y que la oposición lo utilizaba con demagogia. Y ahora resulta que presentan una querella contra una de las empresas por supuesto fraude'.

El alcalde, que negó cualquier irregularidad el pasado lunes, aceptó ayer crear una comisión de investigación sobre los cursos adjudicados por el Imefe en los últimos años. Los dirigentes municipales han mantenido que en ningún momento se ha favorecido a empresas participadas por afiliados del PP en la adjudicación de fondos europeos. De hecho, según Peydro, el PP tiene más de 60.000 afiliados en Madrid y en las 11 empresas que han copado los fondos de formación sólo participan cuatro militantes.

Por otra parte, la Comisión Europea desbloqueó ayer 5.000 millones de pesetas para formación profesional en Cataluña, que habían sido retenidos tras el escándalo del uso fraudulento de los fondos comunitarias por parte de diversas academias. Otros 1.000 millones, la cantidad adjudicada a los centros que supuestamente defraudaron, siguen bloqueados.

'Caso Pallerols'

'La luz verde de la Comisión Europea a las ayudas que siguen bloqueadas llegará si comprobamos que las subvenciones eran limpias', explicó un portavoz del equipo del comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, encargado de la revisión de los 5.000 millones liberados ayer.

La fecha límite para que se aclare el uso que se hizo de las subvenciones a los grupos Méndez y Pallerols es junio de 2002. El caso Pallerols ha costado el puesto a dos altos cargos de Unió en Cataluña.

Los servicios de la comisaria europea de Asuntos Sociales y la Generalitat acordaron a finales de noviembre desbloquear 4.000 millones de los 10.000 millones que fueron retenidos inicialmente por la Comisión por las irregularidades detectadas. Del resto 5.000 fueron liberados ayer y los otros 1.000 millones seguirán bajo la lupa de la Dirección General de Asuntos Sociales.

El codigo ético y la expulsión

El PP de Madrid aprobó en su último congreso unos estatutos que endurecieron en parte el apartado de las responsabilidades políticas por la conducta de sus afiliados y militantes ya previstas en las normas generales de la organización. En sus artículos 13, 14 y 15, el PP de Madrid marca que la actuación de sus afiliados, cargos y candidatos debe inspirarse en el servicio a los ciudadanos y en principios de ética, respeto a la Constitución, responsabilidad y buena fe. Es en esos puntos donde se precisa que todo militante que desempeñe actividades con la Administración 'deberá aplicarse el más estricto y riguroso celo a la hora de desarrollar cualquier actividad mercantil que pudiera incidir en la imagen del partido'. El PP tiene previsto utilizar esos artículos para proceder a la expulsión inmediata del partido de los cuatro militantes implicados en esa supuesta red de cursos del Imefe si se confirman las denuncias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de febrero de 2001

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