Las comunidades rechazan asumir el pago de los atrasos

Ninguna comunidad autónoma asumía ayer como propia la responsabilidad de restituir a los funcionarios el dinero que han perdido desde 1997. A diferencia de los sindicatos, que se aprestaron a ofrecer soluciones para afrontar el pago de la deuda, la mayor parte de los Gobiernos autonómicos -salvo excepciones como Andalucía- se escudaban en que la sentencia no les afecta.

La Generalitat de Cataluña no se considera 'afectada directamente' por el fallo del tribunal. Aunque el Ejecutivo catalán evaluará los efectos económicos cuando el texto sea definitivo, el Departamento de Gobernación entiende que 'sólo hace referencia a los funcionarios del Estado'.

Idéntica postura ha adoptado el Gobierno vasco, que asegura que la sentencia no le afecta 'en puridad', aunque sus servicios jurídicos la están analizando. Más avanzado está el Ejecutivo aragonés, gobernado por el PSOE, cuyos técnicos ya están estudiando cómo afectará la sentencia a la comunidad. Fuentes de este Gabinete aventuran ya quién será el responsable del pago: 'Parece lógico que, además de la responsabilidad política, el Gobierno central deba asumir también la responsabilidad financiera'.

La Administración que más desarrollado tiene este argumento es la andaluza. 'Las comunidades autónomas no tenemos por qué pagar ahora la descongelación salarial porque el Gobierno no transfirió el dinero que hubiera correspondido a la subida pactada con los sindicatos', subrayó la consejera socialista de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín.

Navarra es la única comunidad a la que no afecta la sentencia, ya que en 1997 no acató la congelación salarial. Por su parte, Murcia va a esperar a que se resuelva el recurso que ha anunciado el Gobierno contra la sentencia para adoptar medidas.

Invitación a reclamar

UGT invitó a todos los empleados públicos a que reclamen individualmente el cumplimiento del fallo, que calificó de 'histórico'. Según este sindicato, la sentencia refuerza las reivindicaciones de los funcionarios al Gobierno del PP. Para la CSIF, la central de los funcionarios, el Gobierno debe convocar la Mesa de la Función Pública para pactar las devoluciones salariales a las que obliga el tribunal. CSIF insiste en que no hay alternativa a la ejecución de esta sentencia.

Por su parte, Unión Sindical Obrera (USO) cree que el texto supone un avance en el reconocimiento de la negociación colectiva de los empleados públicos e insta al Ejecutivo a aplicar el fallo inmediatamente.