Las ONG denuncian 'falta de voluntad política' para aplicar la Ley del Menor

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido a la Comunidad de Madrid un informe detallado sobre la Asociación Cicerón, la entidad privada a la que el Gobierno regional ha encomendado la gestión del nuevo reformatorio de San Vicente, según confirmaron ayer fuentes de este departamento. La ley permite que entidades sin ningún ánimo de lucro colaboren en la gestión de centros de reforma, de ahí que la fiscalía quiera saber si Cicerón responde o no al esquema legal o si, en rigor, se trata de una empresa privada con fines lucrativos.

La Comunidad habilita desde el pasado 2 de enero a marchas forzadas la antigua residencia para niños desamparados de San Vicente, situada en la Ciudad Escolar San Fernando, a la altura del número 12 de la carretera de Colmenar Viejo, para convertirla en reformatorio y acoger en ella a los 32 menores que serán excarcelados el próximo día 13 con motivo de la entrada en vigor de la Ley penal del Menor. La gestión de este nuevo reformatorio, que será el cuarto de que disponga Madrid, ha sido encargada a la asociación Cicerón. Los otros tres centros de reforma, con un total de 47 plazas, son El madroño, Renasco y Altamira (semiabierto).

'Queremos analizar si efectivamente es una entidad sin ánimo de lucro o, por el contrario, sus fines son otros', señalaron ayer fuentes de la fiscalía madrileña. Éstos aseguran que se enteraron por EL PAÍS de que la gestión del nuevo reformatorio de Madrid se había encomendado a una entidad privada. 'Si esa entidad responde al modelo legal, no habrá ningún problema, pero si no, lo indicaremos así a la Comunidad', destacaron los citados medios.

El nuevo reformatorio de San Vicente acogerá a gran parte de los 32 menores de 16 y 17 años encarcelados hoy en las prisiones madrileñas, la mayoría por robos con intimidación y, también, en menor medida, intentos de homicidio y asesinato. Uno de los menores que será excarcelado el próximo día 13 y, previsiblemente, trasladado a un centro de reforma es el que intervino en el asesinato racista de la ciudadana dominicana Lucrecia Pérez, ocurrido en 1992 en el inmueble de la antigua discoteca Four Roses de Aravaca.

Estos menores serán excarcelados el día 13, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor, que prohíbe el ingreso en prisión de menores de 18 años. La antigua legislación sobre menores permitía encarcelar a jóvenes de 16 años en adelante. Eran juzgados por un tribunal normal, aunque los jueces aplicaban a todos la atenuante de minoría de edad y reducían sensiblemente la pena que correspondía al delito. En los últimos años los jueces también tendían a ingresar a los preventivos en reformatorios.

La nueva ley establece medidas educativas y, si se trata de delitos graves, el internamiento en un reformatorio. El de San Vicente se está habilitando para suplir la falta de plazas en los centros actuales y poder albergar a los que sean excarcelados ahora y los que requieran ser internados en el futuro.

Desde la Consejería de Servicios Sociales, cuya titular es Pilar Martínez, se ha indicado que Cicerón es una asociación privada sin ánimo de lucro que se encuadra perfectamente en el esquema que impone la Ley Penal del Menor. Esta norma permite que ONG y asociaciones privadas con fines altruistas ayuden a la Administración en la reinserción de los menores delincuentes, pero desecha que de esa colaboración se obtenga un provecho lucrativo. Portavoces de Servicios Sociales insistieron ayer en que Cicerón es una entidad 'de toda solvencia' y añadieron que Martínez dará hoy información sobre ella.

El pasado 31 de diciembre salió en la prensa un anuncio donde 'una empresa en expansión', sin citar su nombre, pedía 'urgentemente' 18 personas para trabajar en centros de menores, sin indicar en cuáles. Pero a los candidatos a estos puestos se les ha indicado que trabajarán en el reformatorio de San Vicente, que, siguiendo lo que marca la Ley, no puede ser gestionado por una empresa con ánimo de lucro.

El anuncio ofrecía a los interesados 'una alta retribución económica'. Sin embargo, algunos de los solicitantes del puesto de monitor educacional aseguran que para esa categoría se ofrece un sueldo bruto anual de 1.900.000 pesetas por 38 horas semanales. Entre los requisitos de los aspirantes figuraba 'que tuviesen experiencia en áreas educativas, de vigilancia y de seguridad'. A los candidatos se les indicó que la entidad para la que trabajarían tiene un convenio por cinco años con el Ejecutivo autónomo.

Desde la fiscalía de Madrid se quiere dejar 'bien claro' que la Comunidad está mostrando 'una total colaboración y diligencia' para preparar sus instalaciones a los mandatos de la nueva Ley del Menor. 'La responsabilidad de la falta de medios para adaptar las necesidades de los menores a la nueva ley no es atribuible a la Comunidad, que está haciendo todo lo que puede, sino del Ministerio de Justicia, que ha promulgado la ley, que es buena, pero sin dotarla de los imprescindibles medios', afirman las citadas fuentes de la fiscalía.

Tres fiscales de la Sección de Menores de Madrid llevan más de un semana revisando los expedientes de los chicos condenados en los últimos años para adecuar su situación legal a la nueva legislación sobre menores. Aparte de los 32 jóvenes de 16 y 17 años ahora encarcelados, en Madrid hay otros 830 que cumplen penas en régimen de libertad condicional.

La Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), que agrupa a 30 entidades madrileñas; la Asociación Pro Derechos Humanos, y la Asociación Apoyo, que trabaja con menores en riesgo social, denuncian 'la falta de recursos para poner en marcha la nueva Ley del Menor'. Acusan a la Administración de falta de voluntad política, 'ya que han dispuesto de un año para poner al día unos dispositivos y unos profesionales que iba a necesitar'. Consideran que, de no procederse a una urgente ampliación de recursos y profesionales (centros, fiscales, equipos psicosociales...), 'se corre el riesgo de incidir en los aspectos puramente represivos de la nueva norma frente a los aspectos educativos y preventivos'.