Justicia selecciona especialistas a través de convenios puntuales sin publicar los requisitos necesarios

El grupo de educadores y psicólogos forenses del que debe disponerse para la adecuada aplicación de la nueva Ley Penal del Menor será contratado a dedo por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas sin que se haya hecho público el proceso de selección de estos especialistas.

Para CC OO, este procedimiento es 'intolerable y merecería que los fiscales salieran al paso'. En un primer momento, la nueva Ley Penal del Menor incluía la creación de un cuerpo nacional de educadores y psicólogos. Sin embargo, finalmente se ha dejado en manos de cada autonomía la gestión de esos recursos. Según fuentes de Justicia, el funcionamiento que se ha adoptado es similar al de Cataluña o Canarias bajo la la fórmula de asistencia técnica a través de convenios puntuales y pago por servicio.

Consiste, según las mismas fuentes, en seleccionar a una serie de profesionales -cuyo proceso se está celebrando en estos días-, pedir el asesoramiento de un fiscal de menores, un juez de menores y un psicólogo de familia y constituir un cuerpo, que oficialmente no lo es, al que recurrir para la emisión de los informes adicionales que se necesiten en determinados procesos que tengan a menores como protagonistas.

Fuentes de Justicia aseguran que no se ha determinado un número de efectivos bajo esta fórmula porque se recurrirá 'a cuantos sean necesarios' y que no hay un presupuesto cerrado disponible 'porque se pondrá a disposición cuanto se precise'.

El beneficio de la duda

Desde CC OO se pide 'el beneficio de la duda'. Según las fuentes consultadas, 'si los recursos fueran tales, no habrían tenido inconveniente en abrir un proceso público cuyos mínimos fueran conocidos por todos y donde se hubiese contado, por ejemplo, con la colaboración de muchas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores y que se han quedado al margen'.

Fuentes sindicales afirman que la oferta máxima a cualquiera de los profesionales que se requiere es de 2.000.000 anuales brutos. 'Lo cual es -indican- una absoluta burla. No es de recibo que una cuestión tan delicada como la de los menores se vea afectada por retribuciones ridículas. Claro es que si se pasa por alto la exigencia de especialidades y experiencia, todo vale'.

Los informes que realicen educadores y psicólogos pueden incidir directamente en, por ejemplo, el tipo de medidas de privación de libertad con internamiento.