"Prohibiremos las videocámaras que vulneren la intimidad", afirma el presidente del Tribunal Superior

Retrasos judiciales

"No se autorizará la instalación de cámaras fijas de vídeovigilancia en las calles si los solicitantes no garantizan antes, de acuerdo con los requisitos que fija la ley, el respeto a la intimidad de las personas". Así de tajante se muestra Javier María Casas, presidente del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) y de la Comisión de Garantía de Vídeo Vigilancia de la Comunidad. Casas, máxima autoridad judicial de Madrid, subraya que es lícito instalar cámaras para "garantizar la seguridad", pero que éstas deben ser "compatibles" con la intimidad de las viviendas" circundantes.Los dos únicos municipios de la región que han solicitado oficialmente la instalación de cámaras en sus calles son Majadahonda -que pidió colocar 12 en su principal arteria, la Gran Vía- y Alcobendas. La Comisión de Garantía que preside Casas (también integrada por el fiscal jefe, un representante de la Federación de Municipios y el secretario general de la Delegación del Gobierno) denegó ambas peticiones, porque "no reunían los requisitos" fijados en la ley del 4 de agosto de 1997, que regula la instalación de cámaras fijas en las calles de las poblaciones.

Las peticiones de sendos ayuntamientos indicaban las calles objeto de vigilancia, pero se limitaban a decir que su control correría a cargo de la Policía Municipal. "Eso no puede ser así", explica Casas. "Hay que indicar con precisión el nombre del agente que controlará esa cámara y durante qué horas, así como el perímetro del objetivo, para que, en caso de que se produzca una actuación irregular, poder exigir la oportuna responsabilidad; porque no se puede enfocar a la ventana de una casa", añade. El uso de cámaras móviles, las destinadas a la vigilancia de, por ejemplo, manifestaciones, no requiere de un permiso previo de esta comisión, aunque su utilización le debe ser "comunicada".

Casas describe un panorama desolador de la situación de la justicia en la región. "No hay suficientes jueces, ni infraestructuras ni medios", denuncia. No le importa el tiempo que se emplee en transferir la justicia a la Comunidad, pero sí que se "haga bien" -es decir, que venga acompañada de "medios económicos"-, y lamenta que los presupuestos del Ministerio de Justicia para el próximo ejercicio sólo vayan a crecer "un 0,7%, unos 5.000 millones de pesetas", un presupuesto "tres o cuatro veces inferior a la media del que destinan los países europeos".El presidente del TSJM admite que los refuerzos -aumento de los jueces- destinados a desatascar la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior (donde se dirimen asuntos de miles de millones de pesetas) están "mejorando algo la situación", pero muy lentamente. "Si a finales de 1999 había 70.000 asuntos pendientes en esta sala, hoy puede haber unos 65.000, sólo 5.000 menos", explica.

A ese ritmo, se tardarán años en solucionar este problema. ¿Solución? "Hacen falta más jueces, más medios, aunque reconozco los esfuerzos del Ministerio de Justicia", dice Casas.

La máxima autoridad judicial de la región señala que nueve de cada diez quejas de usuarios se refieren a resoluciones judiciales, y algunas de ellas hacen referencia a retrasos en la tramitación de las causas. En muchos de esos casos, según Casas, no cabe actuar contra el juez, porque éste está desbordado de trabajo "y hace lo que puede". No obstante, apunta que "sí se ha expedientado a algunos jueces" por retraso injustificado.

En enero entrará en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, concebida para agilizar los procesos y evitar las demoras de hasta tres años que sufren los pleitos civiles (desahucios, atentados contra la intimidad, quiebras de empresas, asuntos de familia...) "Es una buena ley", puntualiza el presidente del alto tribunal madrileño, "pues pretende agilizar la justicia, pero su aplicación necesita "más medios y estructuras judiciales. El propio Consejo del Poder Judicial ha indicado que habría que crear un 35% más de jueces para llevarla a cabo, pero lo cierto es que no hay jueces suficientes".

Algo similar ocurre con la Ley del Menor. "También es buena, pero requiere de infraestructura: lugares para internar y controlar a los menores que cometan delitos graves". "Si se quiere tener una buena justicia, hay que pagarla", apunta Casas.