Castellano ignora la resolución europea que limita el horario laboral de los médicos de atención primaria

El dictamen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que limita el horario laboral de las guardias médicas en atención primaria -emitido en octubre como consecuencia de una denuncia presentada por el Sindicato de Médicos de Asistencia Primaria (Simap)- no existe para la Consejería de Sanidad. El departamento que dirige Serafín Castellano actúa como si esta resolución no afectase al sistema valenciano de guardias, que se encuentra en pleno proceso de negociación con los agentes sociales, pese al vuelco que da a la actual regulación.El subsecratario de la Agencia Valenciana de la Salud, Marciano Gómez, presentó durante la semana pasada a los sindicatos un documento destinado a modificar el sistema de guardias en el que se excluye radicalmente todos los aspectos recogidos en el dictamen europeo y que pretende aprobar en la próxima mesa sectorial. Entre los planteamientos del dictamen se establece que las guardias son jornada laboral - sólo distingue entre tiempo de descanso y de trabajo-, una concepción que no recoge la fórmula de atención continuada de Sanidad. Además de este aspecto, el documento presentado por la consejería tampoco recoge la retribución de las guardias como horas extraordinarias ni una jornada máxima de 48 horas, que según fuentes consultadas, aplicado a la legislación nacional no podría sobrepasar las 40 horas.

El texto "ignora absolutamente" los planteamientos de la resolución europea, a juicio de Rafael Reig, representate de Sanidad del STEPV. Este sindicato se mostró partidario durante la reunión mantenida con la Administración de aplazar todo acuerdo hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana se pronuncie. Sin embargo, encontró la oposición del representante de Sanidad. Para la Administración el dictamen europeo presenta lagunas y el documento que pretende aprobar, señalan, se ajusta a la normativa europea respecto al horario laboral.

La palabra la tiene ahora el TSJ, que fue quien se dirigió al tribunal de Luxemburgo para determinar si la legislación valenciana contravenía la europea y, tras la respuesta afirmativa, tendrá que pronunciarse en breve. De la respuesta dependerán las condiciones laborales de los 3.000 trabajadores de asistencia primaria de la Comunidad.