19 municipios afectados por las obras del AVE exigen que se consideren sus alegaciones
Los 19 ayuntamientos de Lleida y Tarragona que forman parte de la plataforma que se opone al trazado del tren de alta velocidad (AVE) entre Lleida y Barcelona han anunciado que se negarán a negociar con el Ministerio de Fomento si este organismo no atiende las alegaciones presentadas al proyecto porque consideran que no se ajusta a la normativa comunitaria sobre impacto ambiental.Los municipios contrarios al trazado del AVE exigen que el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), encargado de ejecutar las obras, resuelva los problemas planteados de forma global. El nuevo presidente de este organismo, Juan Carlos Barrón, ha cambiado la estrategia adoptada por su antecesor en el cargo a la hora de negociar con los ayuntamientos afectados.
Los miembros de la plataforma municipal han denunciado que el GIF pretende romper la unidad del grupo convocando individualmente a los ayuntamientos. El portavoz de los alcaldes anti-AVE y alcalde de Les Borges Blanques, el republicano Miquel Àngel Estradé, considera que Fomento, con el nuevo procedimiento utilizado para estudiar los problemas urbanísticos y ambientales que origina el proyecto en cada uno de los municipios afectados, pretende dividir a los alcaldes para imponer sus condiciones.
El GIF prevé iniciar las obras del tramo Lleida-Martorell por los municipios de Vinaixa, Tarrés y L'Albi. Por eso, los alcaldes de estas poblaciones han sido los primeros en ser convocados para el martes a una reunión en Barcelona, donde deberán discutirse las alegaciones presentadas al proyecto por cada ayuntamiento. Estradé defiende la postura de que los problemas del trazado deben abordarse de forma conjunta. "O hay una solución para todos o no habrá acuerdo", señaló.
Algunos alcaldes ya han expresado su intención de no acudir a la reunión si no asisten todos los integrantes de la plataforma, los cuales tienen previsto reunirse mañana en Artesa de Lleida para analizar la situación y estudiar acciones conjuntas. Los alcaldes, que ya presentaron un recurso judicial contra el proyecto, amenazan ahora con solicitar la paralización cautelar de las obras si Fomento persiste en su postura de no atender globalmente los recursos presentados.
