Argentina desconfía del dominio español

Importantes empresas españolas tienen problemas en Argentina. Llegaron con la oleada privatizadora que puso en práctica a comienzos de la última década el Gobierno del peronista Carlos Menem, adoptaron una agresiva política de inversiones que no pocos calificaron de arriesgada, coparon el mercado y obtuvieron jugosos beneficios. Nombres como Telefónica, Repsol, Endesa o Iberia se convirtieron en pocos años en las empresas más familiares para los argentinos, que no salían de su asombro ante lo que empezaron a llamar segunda conquista. Los logotipos de empresas españolas proliferaron en todo el país.Sin embargo, el panorama empieza a cambiar ahora con la entrada en escena de competidores que quieren penetrar en el mercado latinoamericano y tras la llegada a la Casa Rosada de un Gobierno de distinto signo político y con nuevos criterios reguladores. La guerra ha empezado. Quienes llegaron primero no quieren perder privilegios. Los nuevos competidores reclaman ventajas. En medio, el Gobierno de Fernando de la Rúa tiene que fijar las nuevas reglas de juego, que no son a gusto de todos.

Competencia para Telefónica

Uno de los ejemplos más claros de la nueva batalla lo proporciona Telefónica, la compañía que se ha convertido en el gigante de las telecomunicaciones en América Latina. Hoy siente amenazada su posición de liderazgo. Desde que el presidente Menem decretó en 1990 la privatización de la vieja compañía estatal Entel, Telefónica y la franco-italiana Telecom se repartieron el mercado en un régimen de exclusividad, en la práctica de duopolio. Esta situación cambiará en menos de tres meses, cuando el mercado de la telefonía fija se abra totalmente a la competencia. Quince empresas, 13 de ellas en telefonía fija, tienen licencia para empezar a operar a partir del próximo 9 de noviembre. Culminará así un proceso de desregulación que comenzó el año pasado con la entrada de Movicom y CTI (Grupo Clarín) al mercado de las llamadas de larga distancia e internacionales.El Gobierno sostiene que la plena competencia comportará una sustanciosa rebaja de las tarifas. Y no sólo eso: la liberalización del mercado abrirá la puerta a inversiones de hasta 5.000 millones de dólares en los próximos tres años, sólo de empresas norteamericanas. Son estimaciones que ha hecho públicas la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, alineada claramente a favor de la desregulación y que preparó a conciencia el viaje que el presidente Fernando de la Rúa realizó a Washington en junio pasado. La delegación argentina tuvo en la capital estadounidense una importante cena con los principales ejecutivos de empresas dispuestas a invertir en Argentina. Las grandes compañías de EE UU ultiman los detalles de un desembarco espectacular. AT&T, por ejemplo, está realizando fuertes inversiones en el cableado de Buenos Aires con fibra óptica.

El nuevo marco regulatorio propuesto por los ministerios de Economía y de Infraestructura y Vivienda tropieza con el rechazo frontal de Telefónica y Telecom, porque consideran que favorece claramente a los futuros competidores. Uno de los puntos más conflictivos es lo que deberán pagar las compañías entrantes para utilizar la red que pertenece a Telefónica y Telecom. El llamado costo de interconexión. El Gobierno redujo la cifra inicial de 2,15 centavos de dólar por minuto a 1,1 centavos. "A las dos empresas existentes para la prestación del servicio universal, Telefónica y Telecom, se les mantienen todas las obligaciones del decreto de privatización y modificatorios y del régimen de desregulación firmado en 1998 (con las consiguientes inversiones que ello requiere), mientras que en el actual las entrantes ven eliminadas sus obligaciones", señalan fuentes de la compañía española.

Desde las filas del Gobierno, especialmente el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, se esgrime que Telefónica y Telecom han disfrutado de un largo periodo de exclusividad, que les evitó la competencia y les permitió una amplia libertad a la hora de fijar las tarifas. "La exclusividad y las altas tarifas nos permitió realizar grandes inversiones para mejorar el servicio", afirma un portavoz de Telefónica.

Y ciertamente el servicio ha mejorado. Las encuestas señalan que el 94% de los consultados considera que las telecomunicaciones son mejores en un país donde hace 10 años tener teléfono era un lujo. El punto negro para los usuarios son las tarifas, que en 1997 experimentaron un gran aumento con el famoso "rebalanceo". Antes de la privatización, había 11 líneas por cada 100 habitantes, hoy la cifra es de 24-25; se ha concluido la digitalización de toda la red; y el coste de conexión es de unos 150 dólares, frente al prohibitivo de 1.800 dólares en la época de Entel. Telefónica dice haber obtenido 3.600 millones de dólares de beneficios desde noviembre de 1990 a marzo del 2000, lo que representa el 43,29% de los 8.315 millones de dólares de inversión. En el mismo periodo el Estado recibió 5.900 millones de dólares, entre impuestos y cargas sociales.

Críticas a Endesa

En el sector eléctrico, Endesa vuelve a ser blanco de duras críticas. Ya lo fue cuando se produjo un prolongado apagón en la ciudad de Buenos Aires, que llegó a afectar a 600.000 usuarios. Ahora, los defensores de las leyes antimonopolio apuntan su artillería hacia la empresa española por su participación en dos distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de la capital argentina.A través del consorcio chileno Enersis, Endesa controla el 65,6% de Edesur y participa con el 37% en Edenor. La Comisión de Defensa del Consumidor acordó con el secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, elevar un proyecto de ley para que Endesa se retire de Edenor o Edesur.

En los considerandos del proyecto de ley se señala que "mediante la participación, directa o indirecta, el Grupo Endesa ejerce una influencia estratégica sobre las políticas de dirección y administración de Edenor y Edesur". La Comisión argumenta que actúa en "defensa de los derechos de los usuarios y consumidores y, por ende, vela por la separación de los segmentos monopólicos, evitando que una empresa participe, directa o indirectamente, de las dos empresas de distribución de energía".

Ayer se supo que el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) ha emitido ya una resolución en la que le ordena a Endesa que venda su participación en alguna de las dos empresas. La resolución del ENRE no establece plazos para que efectúe esa operación, pero instruye a la empresa para que presente un plan de acción. También dispone que Endesa ceda su papel de operador o cooperador en la compañía que resuelva vender.

La medida saldrá publicada pasado mañana en el boletín oficial. Fue firmada por Juan Legisa, presidente del ENRE, anteayer, y Endesa fue notificada ayer a la una de la tarde.

Endesa emitió ayer un comunicado en el que manifiesta que "analizará la procedencia de la resolución teniendo en cuenta el orden jurídico vigente y los intereses de los accionistas que la empresa tiene la obligación de defender".

Alfredo Llorente, director general de Endesa Internacional, anticipó en fecha reciente "la disposición positiva" de la empresa "a aceptar esa recomendación", pero dejó claro que esta actitud no implica "que Endesa vaya a desprenderse de la posición que tiene en Edenor".

Aerolíneas en quiebra

Las críticas más recientes a los españoles lanzadas desde diversos medios de comunicación tienen que ver con la desesperada situación que arrastra Aerolíneas Argentinas, que fue privatizada en 1991 por el ex presidente Menem y adquirida por Iberia, muy criticada por la forma en que administró a la antigua línea de bandera de Argentina, ahora en serias dificultades financieras. Fue una privatización de efectos desastrosos, que ha dejado tras innumerables avatares a la compañía en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como principal accionista. La empresa se halla ahora en situación de quiebra técnica.El mes pasado, en una decisión de más trascendencia política que económica, la SEPI decidió aportar 208 millones de dólares y el Gobierno argentino declaró su disposición a colaborar en el rescate financiero. No obstante, el representante del Estado argentino en el directorio de Aerolíneas, Nilo Díaz, advirtió que "la salvación de la compañía no es un hecho". "Lo que se ha producido es un aporte irrevocable que saca a la compañía de una situación de quiebra", precisó. La Asamblea de Accionistas postergó la decisión final sobre la aprobación del plan para salvar a la aerolínea hasta el 15 de septiembre, para analizar algunas propuestas de los sindicatos.

Por su parte, el Gobierno argentino, que conserva el 5% de las acciones, se comprometió a aportar 10 millones de dólares el año próximo y otros 10 millones en el año 2002. Aerolíneas arrastra deudas por unos 900 millones de dólares y el rescate incluye una capitalización por unos 650 millones de dólares, de los cuales unos 32 millones deberían ser aportados por el Estado argentino, según el Plan Director presentado por la SEPI.

El plan contempla, además, la reestructuración de los vuelos internacionales y domésticos, la eliminación de 1.500 puestos de trabajo de los 5.000 que tiene Aerolíneas y una eventual reducción de salarios en un 20%. Los sindicatos y el Gobierno argentinos se opusieron radicalmente a esta propuesta inicial de la SEPI. A la espera del 15 de septiembre, los ejecutivos de la compañía discuten día a día la propuesta.

Las calles de Buenos Aires han sido escenario los últimos meses de manifestaciones de los empleados de Aerolíneas que exigen garantías para su futuro frente a las amenazas de cierre de la compañía. La Embajada de España y las oficinas de Iberia han sido blanco de las iras de los trabajadores. Para el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Ariel Basteiro, "la solución pasa por una inversión genuina y real de capital que debe hacer la SEPI y, obviamente, otro plan comercial con la recuperación de rutas europeas y del mercado interno".

Pedro Ferreras, presidente de la SEPI, ha asegurado que la compañía no se cerrará a pesar de que mantenerla en funcionamiento cuesta más de un millón de dólares al día. En un mes se comprobará si el último acuerdo de la Asamblea de Accionistas fue algo más que un parche o permitirá el reflote de Aerolíneas Argentinas.