Doce organizaciones crean un servicio de asesoría jurídica para inmigrantes

Hasta medio millón de pesetas pueden llegar a pagar algunos inmigrantes ilegales en España para que un abogado les presente un expediente de regularización, según denunciaron ayer en Madrid representantes de varias ONG. Con el fin de atajar situaciones como ésta, 12 organizaciones no gubernamentales han decidido unirse para crear Red Jurídica 2000, un servicio que prestará los instrumentos legales necesarios para orientar e informar a inmigrantes y a solicitantes de asilo sobre su situación en España."Se trata de una labor para concienciar a los inmigrantes de que no se necesitan cifras astronómicas para arreglar su situación", explicó la portavoz de la Asociación de la Comisión Católica Española de Migrantes, Virginia Álvarez. Participan también en este servicio, entre otras asociaciones, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Movimiento para la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), la Asociación Centro de Estudios Caribe, la Asociación Polaca Águila Blanca, la Asociación Hispano-ecuatoriano RUMINAUI y la Asociación de Mujeres Marroquíes.

"No sólo se trabajará sobre los expedientes, sino que se hará un seguimiento posterior para dar solución a otros problemas que acarrean éstos", explicó Ignacio Sáinz, responsable jurídico de Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE), en referencia a las peticiones de reagrupaciones familiares, nacionalidades... El servicio lo integrarán unas 40 personas, entre abogados, asistentes sociales y traductores, a los que se suman los voluntarios que trabajan para las organizaciones.

El objetivo de Red 2000 es prestar una mayor colaboración a la Administración, de modo que sus profesionales puedan elaborar estudios o informes que sirvan como herramientas "en políticas migratorias y de asilo".

En principio, este servicio sólo funcionará en Madrid, aunque las organizaciones que participan en el mismo están dispuestas a abrirse a la aportación de otras asociaciones en otros lugares.

En la capital de España, las ONG disponen de varias sedes, cuyos horarios se ampliarán para prestar los servicios. Se establecerá un sistema de guardias para que al menos dos de ellas abran los fines de semana. Todo ello junto a un servicio de guardia a través del teléfono móvil que cubra cualquier urgencia que pueda surgir, como detenciones.

Durante la presentación de Red 2000, los representantes de las ONG denunciaron que muchos consulados y embajadas se aprovechan de la precaria situación que viven sus nacionales en España. "Sabemos de casos en los que se han llegado a pedir 230.000 pesetas por renovar pasaportes", explicó Javier Carneros, responsable jurídico de CEAR en Madrid, aunque no quiso precisar de qué sede diplomática se trataba para evitar represalias.

En cambio, los representantes de las organizaciones sí citaron expresamente el caso del consulado en Madrid de República Dominicana, que cobra 35.000 pesetas a sus nacionales por renovar el pasaporte. "Hemos intentado hacerles ver, incluso en un viaje a este país, que no es posible que una mujer que cobre como empleada de hogar unas 70.000 pesetas al mes tenga que destinar la mitad de su sueldo a renovar sus papeles", dijo Sáinz. Son situaciones que, a su juicio, resultan "abusivas".