Urbanismo de Sevilla admite la modificación del PGOU para el proyecto Puerto Triana

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanisno de Sevilla dio ayer primer paso para hacer realidad el complejo comercial Puerto Triana en la zona sur de la Isla de la Cartuja, aunque se desconoce como será la planificación definitiva del proyecto. PA, PSOE y PP votaron a favor de la aprobación de la modificación puntual del Planeamiento General de Ordenación Urbana (PGOU) -definida por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, como "parte de la nueva política urbanística enmarcada en la revisión del Plan"- que permite que Puerto Triana comience su andadura pero que, en absoluto, significa su desarrollo o su aprobación definitiva, competencia de la Junta. La aprobación de la modificación fue acogida como el desbloqueo político del proyecto. El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona (PA), hizo un llamamiento para mantener "el consenso político, institucional y técnico" necesario para que el proyecto -una inversión de 20.000 millones y la creación de 1.000 puestos de trabajo, según Carmona- llegue a buen puerto. La ubicación de Puerto Triana, en una de las entradas a la ciudad, y el diseño de los viarios fueron algunos de los puntos de disensión expuestos por técnicos de la Junta y la delegación municipal de Trafico.

La Gerencia también ha requerido al Gobierno central la cesión de unos terrenos -cuatro franjas que suman 232.000 metros cuadrados- de la antigua zona de servicio del Puerto de Sevilla, siguiendo un convenio firmado en 1979 entre el ministerio de Obras Públicas y el Consistorio sevillano. Esta petición surge ya que Urbanismo tiene constancia de que la Administración central ha vendido dos parcelas: una de 1.682 metros cuadrados y otra de 224, de estas franjas.

Carmona indicó que ahora tratan de formalizar la cesión definitiva al Ayuntamiento de esos suelos, según recoge el acuerdo, "ya que se utilizan para actividades públicas". La Administración central se escuda en que no "consta vigencia actual del convenio". Carmona avisó de que en caso de que no se cedan los terrenos y se revoque la venta, irán a "un contencioso administrativo".

Además se aprobó el nombramiento de Manuel Ángel González Fustegueras como director de la oficina técnica de revisión del PGOU. El PP criticó esta decisión por no haber partido del "consenso de todos los partidos políticos", aunque sólo votaron en contra los populares.

Por otro lado, Agesa, sociedad estatal que gestiona los activos de Expo 92, acordó "desistir de su intención de vender acciones" de Cartuja 93 al Ayuntamiento de Sevilla. Agesa acusa a Sánchez Monteseirín de actuar "demagógicamente" e ignorar los reclamos de la sociedad para llegar a un acuerdo sobre el precio de las acciones, que seguirán siendo de titularidad estatal. El alcalde ofreció un precio simbólico de compra de una peseta.