El fiscal jefe pide más pruebas antes de sentar a Cartagena en el banquillo

El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ha decidido intervenir personalmente en un proceso judicial que afecta al ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, acusado de un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos, que habría cometido en su etapa como alcalde de Orihuela. La solicitud del fiscal de nuevas diligencias antes de calificar la causa, implica un retraso en el enjuiciamiento de Cartagena, reclamado por el juez, que no será posible antes de verificarse las nuevas pruebas policiales solicitadas.Luis Fernando Cartagena también está procesado por presunto delito fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, turbio asunto que motivó la dimisión del político al frente de la Consejería de Obras Públicas y truncó su fulgurante carrera política.

A Cartagena se le acusa ahora de haberse apropiado de ocho millones de pesetas que las monjas del antiguo hospital municipal de Orihuela entregaron en 1993, como liquidación de cuentas, al entonces concejal de Servicios Sociales, del PP, cuando el centro asistencial clausuró su actividad. Ese edil, Mariano Ferrández, que aún continúa en el equipo de gobierno de Orihuela, declaró al juez que tuvo el dinero guardado en su casa y luego lo confió al entonces alcalde, Luis Fernando Cartagena. Desde entonces, según dijo al juez, nada más supo de esos fondos. El dinero nunca llegó a contabilizarse en el Ayuntamiento de Orihuela, y se desconoce su paradero.

Fue la Fiscalía Anticorrupción, advertida de esos hechos por el PSPV, quien propició la investigación judicial del caso. Tras varios meses de indagaciones, el juzgado ha concluido el procedimiento abreviado y se propone sentar al político en el banquillo de los acusados tras rechazar un recurso de reforma presentado por la defensa de Cartagena, en el que se solicitaba el archivo de la causa por prescripción del presunto delito. El titular del Juzgado, Marcos de Alba, ha desestimado la alegación al entender que el delito que se imputa al ex alcalde no prescribe antes de diez años.

Concluida la instrucción judicial, la causa se trasladó al acusador público para su calificación, pero el fiscal jefe de Alicante estimó que la instrucción estaba incompleta, y ha solicitando nuevas diligencias.

Prueba científica

Para probar que no se quedó el dinero, Cartagena presentó facturas de la empresa Limplac SL, según las cuales los ocho millones se invirtieron en la adecuación de viviendas sociales en un barrio marginal de la ciudad. Los recibos fueron expedidos y rubricados por Ángel Fenoll, uno de los dos socios de la empresa, persona vinculada a varios escándalos del PP en la La Vega Baja. Fenoll fue condenado en 1991 por comprar votos por correo para el PP. Sin embargo, el otro socio de Limplac, Manuel Alcántara, declaró al juez que esas facturas eran falsas y le comunicó que aún siendo verdaderas no serían válidas, pues ambos empresarios tienen la firma mancomunada en esa sociedad.

El fiscal jefe ha solicitado pruebas científicas para saber si esos recibos se emitieron en 1993, cuando supuestamente se realizaron las obras, o si, por el contrario, las facturas se falsificaron una vez procesado Cartagena como coartada para favorecerle. Los papeles están escrutándose ahora en Madrid, en la unidad de policía científica del Cuerpo Nacional de Policía.

Fenoll ha tejido en los últimos años una maraña de empresas que han obtenido suculentas contratas en ayuntamientos gobernados por el PP, sobre todo en la comarca de la Vega Baja, y que han servido para dar trabajo a familiares directos de cargos del PP. La lista es interminable: Colsur, Seguridad Oriol, Limplac, Hijos de Antonio Fenoll, Proambiente, Obramer, Fenalcon, Calzados Oriol, San Onofre La Aparecida, Ingeniería residual y ambiental, entre otras.