Organizaciones católicas reclaman la regularización de 50.000 "ilegales"

La regularización de unos 50.000 inmigrantes clandestinos que residen en territorio español y alcanzar la equiparación de los derechos de estos trabajadores con los del resto de los ciudadanos españoles son los dos objetivos prioritarios de la campaña que ha iniciado la Comisión Episcopal de Migraciones de la Iglesia Católica junto a Manos Unidas, Cáritas y otras organizaciones del ámbito católico. El vicario de la diócesis gaditana, Manuel de la Puente, presentó el martes la campaña y expresó su deseo de que "la Iglesia no tenga después que arrepentirse" por no haberse implicado en esta iniciativa. "La defensa de un estatuto digno de los trabajadores inmigrantes y la legalización de los clandestinos" es el nombre de la campaña que pretende evitar que se consume la reforma prevista de la Ley de Extranjería. La norma cuenta con enmiendas de CiU, IU y el Grupo Mixto, pero los promotores de la campaña las consideran "deficientes" por su "carácter" y "alcance". Gabriel Delgado, delegado episcopal de Migraciones de la provincia de Cádiz, explicó que el nivel mínimo exigible a la Administración es la equiparación de estas personas con los derechos y deberes laborales de los ciudadanos españoles. La Iglesia entiende que debe garantizarse a los inmigrantes el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, tales como la vida en familia y el derecho a una residencia permanente. En su campaña, que incluirá una recogida de firmas para presentarla ante el presidente del Congreso, Federico Trillo, reclaman el derecho de los inmigrantes a gozar del estatuto comunitario y el acceso a la nacionalidad española mediante la reducción del periodo previo de residencia. La equiparación de estas personas en el acceso al sistema de salud y a la educación pública, la garantía de su acceso a la cobertura social y una aplicación rigurosa "en todos los ámbitos" de las garantías de mínimos son otros de los aspectos reclamados por la Iglesia. Delgado explicó también que se exige la asistencia jurídica gratuita.