Menos horas, mismo salario, más paro
La reducción de la jornada laboral es la consecuencia lógica de la creciente tecnificación y la permanente innovación empresarial, ello conduce a aumentos en la producción con menor participación humana. El reparto del empleo por ley, a través de la reducción de jornada laboral no es un propuesta fundada sino un eslogan, mero voluntarismo. El debate sobre la reducción obligatoria de la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales merece, al menos, cuatro precisiones. 1º Plantear la disminución del tiempo trabajado como una liberación del obrero explotado, supone anclarse en un dogmatismo marxista superado por los propios empleados, que en más de un 80% se declaran satisfechos con su actividad profesional. La principal resistencia para que se imponga una jornada menor no provendrá de los empresarios, o de las formaciones políticas de inspiración liberal, sino de los nueve millones de trabajadores españoles a jornada completa que verían disminuidos sus ingresos. 2º Disfrutar de las comodidades de una economía de mercado y desconocer sus mecanismos básicos de funcionamiento, ignorando las consecuencias de propuestas aparentemente simpáticas, es una temeridad. La reducción de la jornada sólo tiene un efecto inmediato, hábilmente excluido del debate nacional, la disminución en el salario de los 8.900.000 empleados a jornada completa. La pretensión de sostener los salarios trabajando menos horas es ruinosa para un país como España, volcado al exterior, que recibe 60 millones de visitantes y cuya economía se mueve en márgenes milimétricos dentro del mercado global. En estas circunstancias cualquier alteración en los costes de producción, según la propuesta sindical los laborales crecerían en más de un 10%, tendría nefastas consecuencias. La disminución en la productividad (relación producto/salario) provocaría el encarcelamiento de nuestros bienes y servicios, reduciéndose las ventas, y abocando al cierre empresarial. Empujando al desempleo a buena parte de los que, desde una óptica socialista, iban a ver reducida su jornada laboral. 3º En España no se trabajan cuarenta horas. La jornada media de los asalariados, según datos oficiales de la EPA, es de 35,4 horas semanales (36 en el sector privado y 33 en el público). Quienes sí superan ampliamente las 40 horas son trabajadores autónomos y empresarios, con algo más de 43 y 44, respectivamente, aunque no se verían afectados por la propuesta sindical. El límite de cuarenta horas semanales y nueve diarias es un techo por debajo del cual se pacta libremente entre empleador y empleado. Son más, cada día, los contratos a tiempo parcial, sin necesidad de coacción legal. De hecho, la jornada media convenida se ha reducido en más de 100 horas en los últimos quince años. 4º La propuesta de la izquierda española, minimetizando a nuestros vecinos, de repartir el empleo existente como única solución al desempleo supone una rendición política y programática que el actual gobierno no debe asumir en tanto que sus recetas están dando excelentes resultados. La reducción del endeudamiento, la privatización de empresas públicas, la liberalización y desregulación de mercados huérfanos de competencia, la mayor flexibilidad en el mercado laboral, etcétera, han posibilitado la generación de un millón de nuevos empleos desde que se cambió el gobierno de España, lo que le debe llevar, lógicamente, a perseverar en la senda virtuosa ya iniciada. Es bueno, y quizás inevitable, caminar hacia jornadas más cortas, pero no a la francesa, coactivamente, sino como fruto de una mayor productividad, para lo que se requieren más altos rendimientos por unidad de trabajo, generados por la implantación de avances tecnológicos y siempre tras el preceptivo acuerdo entre las partes, sindicatos, empresarios y no como imposición unilateral. La sociedad del ocio se aproxima pero nunca a través de leyes o decretos sino, curiosamente, producto del trabajo bien hecho de muchas generaciones, del "negocio o negación del ocio" de aquellos que nos precedieron.
