Anomalía derogada

UNA ABSURDA anomalía va a desaparecer en Argentina. Las llamadas leyes de puntofinal y obediencia debida, aprobadas bajo la presidencia de Alfonsín tras el restablecimiento de la democracia, van a ser borradas de los códigos legales. Las cámaras parlamentarias acaban de aprobar con virtual unanimidad su derogación.Los dos textos mencionados pretendieron pacificar el país, al hacer imposible la persecución legal de los militares responsables, de los crímenes de la dictadura (1976-83), y eximir de culpa a oficiales y mandos subalternos que sólo habían obedecido órdenes en una macabra tarea en la...

UNA ABSURDA anomalía va a desaparecer en Argentina. Las llamadas leyes de puntofinal y obediencia debida, aprobadas bajo la presidencia de Alfonsín tras el restablecimiento de la democracia, van a ser borradas de los códigos legales. Las cámaras parlamentarias acaban de aprobar con virtual unanimidad su derogación.Los dos textos mencionados pretendieron pacificar el país, al hacer imposible la persecución legal de los militares responsables, de los crímenes de la dictadura (1976-83), y eximir de culpa a oficiales y mandos subalternos que sólo habían obedecido órdenes en una macabra tarea en la que asesinaron por millares. En los años 86 y 87, cuando se aprobaron ambas leyes, el Ejército, que transigía con la democracia sólo si no le hacía pagar por sus excesos criminales, ejercía un presión extrema sobre las instituciones. Cabe plantearse si, pese a todo, esas leyes no introdujeron entonces un vicio de origen en el ordenamiento político argentino, pero el país es hoy una democracia razonablemente plena, sin ningún militar que ejerza de senador vitalicio, como Pinochet en Chile.

La desaparición de esa anomalía no implica, sin enibargo, que se vaya a pedir cuentas al pasado, puesto que la derogación no tiene efectos retroactivos, con lo que la cobertura legal de los criminales de las Fuerzas Armadas sigue intacta. Sólo se trata de que sucesos de esa índole no puedan ampararse en el futuro bajo tan abusivo manto protector. La última palabra sobre los crímenes de la guerra sucia seguramente no se ha dicho todavía, como atestigua el esfuerzo de las madres de mayo, que siguen exigiendo justicia. Ni tampoco va a surtir efecto sobre las acciones emprendidas por el juez Baltasar Garzón, que investiga la muerte o desaparicion de hasta 600 españoles durante la dictadura argentina. Serán los tribunales españoles los que deberán pronunciarse, según nuestro ordenamiento legal, si tienen o no capacidad jurisdiccional para perseguir a los culpables.

Menem, que amnistió a cualquier militar implicado en aquel horror y, para buscar un supuesto equilibrio, también a un puñado de activistas que practicaron el terrorismo contra la dictadura, ha renunciado a vetar la medida. No había gran cosa de qué inquietarse, puesto que esta derogación no revisa la historia. Sólo nos dice que con una vez ya basta.