Rechazo unánime de los partidos políticios a la propuesta de 'resucitar' el delito de desacato

Todos los partidos, con el PSOE y el PP a cabeza, mostraron ayer su rechazo a la gerencia, deslizada el día anterior por el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, de que se restablezca el delito de desacato para castigar a quienes vilipendian a los jueces. El propio Varela reconoció ayer que el órgano de gobierno de los jueces no propone la resurrección del desacato, pero sí propiciaría que el fiscal o el CGPJ persiga de oficio a quienes insulten a los jueces por ejercer su función jurisdiccional.

En su declaración del miércoles, Varela señaló que "no seria excesivo postular el restablecimiento de alguna figura penal que permitiera la persecución de oficio de algún tipo de conductas contra jueces y magistrados". Cuando se le preguntó si se refería al delito de desacato contestó afirmativamente si bien reconoció que no existía un acuerdo del CGPJ en ese sentido.La declaración del portavoz del CGPJ se presentó por algunos medios como realizada por el Consejo, algunos de cuyos miembros coinciden en la preocupación, pero no en las soluciones para evitar el desprestigio de la función judicial.

El vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, insistió ayer en la falta de "armas procesales en estos momentos para salir en defensa de un juez cuando se ve afectado" por las ofensas a su función. Defendió que no se exija al juez la presentación de la querella, sino que pueda ser el fiscal o el propio CGPJ quienes la interpongan. Fuentes próximas al presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio, propugnaron que, sin necesidad de resucitar el delito de desacato, pueda querellarse el fiscal o el Consejo.

Penalizar, "un paso atrás"

Por su parte, el vocal Ramón Sáez, desde una posición más radical, consideró "un paso atrás cualquier alternativa que pase por la criminalización". Sáez defiende la "crítica a los actos de poder" y estima que quienes utilizan mal ese derecho "se descalifican a sí mismos". Apeló a "la maduración de la opinión pública, para la que el Derecho Penal no sirve".Sáez, vocal propuesto por IU, puso como ejemplo las críticas a la sentencia del caso Filesa que no se fundamentan en un análisis técnico-jurídico, sino que se limitan a decir que "es una sentencia política". Afirmó que tales críticas "se descalifican a sí mismas, de igual modo que cuando se resaltan datos de la vida privada de quien ha dictado una resolución". Pero negó que deban penalizarse tales conductas, porque "una sociedad democrática no puede censurar, silenciar o impedir con la pena la libre expresión contra el poder, sino hacer madurar su ejercicio desde la escuela y la universidad".

La propuesta de restablecer el delito de desacato, apoyada por las asociaciones judiciales, excepto Jueces para la Democracia (véase EL PAÍS de ayer), ha recibido un rechazo político generalizado, empezando por los dos principales partidos.

Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP, la acogió con "nulo entusiasmo", como "toda sugerencia que implique una limitación de la libertad de expresión". Indicó que es muy importante que los ciudadanos respeten a los jueces, pero lo es más que "los jueces y el propio poder judicial se hagan respetar, y la primera exigencia es que los jueces se respeten entre ellos mismos". Luis de Grandes, portavoz del PP en el Congreso, consideró "inoportuno" recuperar el desacato.

Contra el "miedo reverencial"

Por su parte, el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, manifestó que le "suena muy rancio" el delito de desacato, "propio de una situación del pasado en que la autoridad se basaba en el miedo reverencial de los ciudadanos". Reconoció que "hay mucho jugador de venta a que halaga a los jueces cuando quiere que le den la razón y les critica cuando imparten justicia en contra de la opinión de esos atacantes". Pidió que el CGPJ "debe poner orden". También el portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, consideró "malo" refugiarse en el principio de autoridad o que los jueces busquen "burladeros".Manuel Silva, portavoz de CiU, aseguró que "el prestigio de las instituciones no puede lograrse a golpe de Código Penal". En cuanto a las acusaciones cruzadas entre jueces, pidió al CGPJ que aplique sus facultades "antes de sugerir la modificación del Código Penal".

Rosa Aguilar, portavoz de IU, se opuso a "resucitar la figura del desacato, que huele ya a alcanfor". Añadió que IU está "totalmente en contra" de esa sugerencia, "que entraría en confrontación con la libertad de expresión alcanzada entre todos los ciudadanos".

En cambio, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, aseguró que su departamento no tiene "opinión al respecto, porque tampoco hay ninguna propuesta concreta", informa Europa Press.