El Gobierno francés intenta que la patronal y los sindicatos negocien la semana laboral de 35 horas

El propósito del Gobierno francés de que las organizaciones empresariales y los sindicatos negocien la reducción de la semana laboral a 35 horas sigue estando en el aire, en vísperas de la conferencia nacional sobre salarios, empleo y tiempo de trabajo que se abre este viernes.Las diferencias de fondo siguen inamovibles, aunque el tono de la discusión se ha atemperado en los últimos días, tras retirar la Confederación Francesa de Empresarios (CNPF) su amenaza de no acudir a la conferencia. Si la patronal descalifica la idea de las 35 horas y rechaza de plano su regulación por ley, los sindicatos enarbolan el compromiso electoral de la "izquierda plural" francesa y sólo contemplan una posible negociación sobre los plazos de aplicación de las 35 horas.

Todas las partes, eso sí, están de acuerdo en los informes técnicos que establecen que un mayor crecimiento económico no resolverá por sí sólo el problema del paro en Francia. Las previsiones según las cuales el reparto del tiempo' de trabajo creará 1,4 millones de empleos de aquí al 2001 son consideradas disparatadas por la patronal, que pone el acento en la flexibilización del mercado.

También el Gobierno de coalición, formado por socialistas, comunistas y verdes, está envuelto en sus propias contradicciones. Mientras la ministra de Trabajo, Martine Aubry, sostiene que la semana de 35 horas debe ser regulada por ley, el ministro de Economía y Finanzas, Dominique Strauss-Khan, mantiene una posición mucho más flexible.

El margen de maniobra del propio Jospin es reducido, toda vez que la renuncia a la regulación por ley de las 35 horas semanales en la conferencia de empleo puede abrir las compuertas de la movilización sindical. La semana laboral de 35 horas ha sido incluida en la tabla de revindicaciones de los trabajadores públicos.

Durante las reuniones técnicas preparatorias de la conferencia, todas las partes han aceptado que la reducción del horario laboral debe ser aplicada de manera diferente para las pequeñas y medianas empresas. Igualmente, están de acuerdo en que el Estado ayude a las empresas comprometidas en la reducción del tiempo de trabajo y la creación de empleo (75.000 millones de pesetas se destinan a ese fin en los Presupuestos de 1998), y también en la jubilación anticipada de los trabajadores que hayan cotizado 40 años.

Aunque persisten las declaraciones contundentes, el tono general de las manifestaciones de los ministros y dirigentes de la patronal ha abandonado el terreno de la amenaza y la descalificación. Superada la fase de la "guerra psicológica" a la que se aplicaron algunos representantes de la patronal, en un intento de condicionar el guión de la conferencia, también los políticos socialistas han dejado de enarbolar a título de amenaza la mayoría parlamentaria de izquierda.

Todo el mundo enfatiza la necesidad de ser razonables y hasta la ministra de Trabajo subraya que el Gobierno no hará nada sin el concurso de los franceses "y de los principales agentes sociales". Lionel Jospin proclama estos días que "la patronal no puede honestamente limitarse a decir no, dada la responsabilidad de los directores de empresa y la expectación de los franceses".

[En Italia se está planteando un debate muy similar. El ministro de Trabajo del Gobierno de Romano Prodi, Tizziano Treu, dejó claro ayer que el Ejecutivo de centro izquierda descarta completamente la imposición mediante una ley de la reducción generalizada del tiempo de trabajo, tal y como solicitan los socios comunistas del Gobierno.

"Promulgar una ley que reduzca la semana a 35 horas sería una decisión como las del régimen económico soviético, absolutamente inaceptable y que crearía muchos problemas a las industrias y a los sindicatos", declaró Treu, según informa France Presse].