El Defensor del Pueblo cree inconstitucional pagar tasas por la utilización de las autovías
El Defensor del Pueblo criticó ayer la posible imposición de una tasa sobre las autovías por parte del Gobierno y no descartó presentar un recurso de inconstitucionalidad si al final se aprobase esa medida. Fernando Álvarez de Miranda se sumaba así a las críticas de otras organizaciones, como las patronales de transportistas Fedetrans y Fenadismer y la Asociación Española de Carretera. Joaquim Molins, portavoz de CiU en el Congreso indicó que la aplicación de un peaje sería "jurídicamente dificíl", aunque las tasas podrían resolver el mantenimiento de las autovías.
Fernando Álvarez de Miranda señaló ayer a la Cadena Ser que le preocupa la posibilidad de que se imponga una tasa sobre las autovías porque éstas "han sido pagadas con los Presupuestos Generales del Estado" y añadió que él podría actuar con recomendaciones o con algún tipo de recurso, como el de inconstitucionalidad, que "dependerá de lo que se determine, si se dicta alguna disposición legal o alguna ley al respecto".Estas críticas se unen a las de otras organizaciones que advirtieron que esa medida podría ser inconstitucional. Así, el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Antonio Fernández del Campo, declaró a Europa Press que la instauración de tasas puede ser inconstitucional, aunque reconoció que es necesario buscar fórmulas que permitan asumir el coste del mantenimiento de estas carreteras, unos 100.000 millones de pesetas anuales.
También la Federación Estatal de Asociaciones de Transportistas (Fedetrans) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer) advirtieron su disconformidad con esa medida, que, según Fedetrans, convertiría a los ciudadanos en "vasallos, obligados a pagar diezmos y tributos". Estas asociaciones recalcaron que la medida supondría una pérdida de competitividad para la economía española, ya que encarecería los transportes por carretera.
Joaquim Molins, por su parte, afirmó que recaudar un impuesto de tan bajo coste acarrea una gran dificultad, "ya que cuesta más el montaje administrativo que el, ingreso a realizar". Sin embargo, añadió que a través de una tasa "se podrían generar los recursos que se necesitan para cubrir el coste del mantenimiento de esas autovías". Dijo que la posibilidad que está estudiando el Ejecutivo es la de que los vehículos cuenten con un distintivo para circular por las autovías libres de peaje. Por el contrario, para el portavoz de CiU en el Congreso el principal problema que se le plantea al Gobierno es establecer un peaje en autovías que no cuentan con carreteras alternativas. "Es jurídicamente difícil de aplicar"
Críticas socialistas
Por su parte, el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, admitió ayer a la Cadena Ser que el anterior Gobierno desechó la tasa sobre las autovías por su posible inconstitucionalidad. Otro diputado socialista, José Blanco, de Lugo, anunció ayer que presentará una serie de preguntas a la Mesa del Congreso, entre otros asuntos, sobre las posibles tasas en las autovías de Galicia. Blanco se mostró muy preocupado por los recortes presupuestarios del Ministerio de Fomento que podrían afectar a las infraestructuras de la comunidad gallega.Precisamente, los consellers de Economía y Sanidad de la Generalitat, Maciá Alavedra y Eduard Rius, se reunirán hoy con el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, para tratar sobre el proyecto de Presupuestos del Estado para 1997.
Joaquim Molins afirmó, a este respecto, que existe un "acuerdo bastante profundo" entre la Administración y los nacionalistas catalanes respecto a los objetivos presupuestarios, que "harán sudar tanto al Gobierno, como a CiU y a todos los ciudadanos. Molins dijo que durante el próximo mes de septiembre las reuniones entre representantes de CiU y del Ministerio de Economía serán contínuas. "Los presupuestos harán sudar al Gobierno en su confección, a CiU en su aprobación posterior, para completar la mayoría que le falta al Partido Popular, y, finalmente, a todos los ciudadanos a lo largo de 1997.
El portavoz de Convergencia i Unio en el Congreso, sin embargo, subrayó que los presupuestos serán "rigurosos", pero respetuosos con las prestaciones sociales.
Por su parte, el PNV señaló ayer que respaldará unos presupuestos en los que no se contemple el incremento de la presión fiscal ni se recorten los gastos sociales. "No vamos a apoyar un crecimiento de impuestos, subrayó el diputado Jon Zabalía, portavoz del PNV en la Comisión de Economía del Congreso. El diputado explicó que la austeridad tiene que derivarse del cumplimiento estricto de lo presupuestado. Por tanto, "se tienen que establecer criterios de no disponibilidad" de fondos, lo que obligaría a cada departamento al ahorro".
