El Tribunal de Cuentas pide que se unan y consoliden todas las cifras del Estado

El Tribunal de Cuentas ha aprobado una moción dirigida al Parlamento en la que solicita que la Cuenta General del Estado (CGE) integre también las de la Seguridad Social, sociedades estatales y entes del sector público estatal. Según el Tribunal, la CGE tiene un ámbito más restringido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y afirma que "la Cuenta es un conjunto que no constituye una unidad". El documento, de 21 folios, aprobado el pasado día 27, pide reformas legislativas y denuncia los incumplimientos y retrasos en la entrega de las cuentas registrados durante la etapa socialista.

Frente a la práctica seguida por los Gobiernos socialistas, y que estos dejaron ratificada en su último proyecto de ley general presupuestaria, el Tribunal de Cuentas desea que el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, que por ley le corresponde realizar, se extienda a todo el sector público estatal, de forma que las cifras de la CGE (que incluye la Cuenta General de la Administración del Estado y la de los organismos autónomos) y las de la Seguridad Social, sociedades estatales y demás Entes que forman el sector público sean homologables, se consoliden y constituyan una unidad única. Es decir, persigue la moción que el contenido de la CGE coincida "material y formalmente" con el de los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen el Presupuesto del Estado y de los organismos y sociedades citados.En síntesis, como reivindicación sustancial, el Tribunal recomienda "modificar la regulación de la Cuenta General del Estado" para ampliar "su ámbito hasta asegurar su correlación material y formal con el de los Presupuestos Generales del Estado" y, además, "que se integren las cuentas individuales que la configuran" para que la CGE "ofrezca una representación contable consolidada de la actividad económico-financiera y de la situación patrimonial del sector público estatal".

Esta propuesta, que incluye duras críticas sobre las dificultades de control que han existido hasta ahora, fue aprobada la semana pasada por el pleno del Tribunal, lo que implica que votaron a favor de la moción consejeros promovidos por el PP y por el PSOE.

En la justificación de la moción, el Tribunal de Cuentas da un varapalo, en su lenguaje técnico propio, a la actuación de la administración socialista en materia de fiscalización económica. "( ... )Este órgano fiscalizador", dice, "se ha venido enfrentando con una serie de dificultades ocasionadas, básicamente, por la inobservancia o el retraso por parte de los cuentadantes en el cumplimiento de su obligación de rendir cuentas al tribunal. En unos casos, estos problemas, reiteradamente denunciados, se han derivado de incumplimientos legales. En otros, su causa ha de situarse en la existencia de lagunas o insuficiencias en la legislación, cuando no en antinomias entre las normas reguladoras de la rendición ( ... )".

El Tribunal subraya como "deseable" que el contenido y la estructura de las cuentas de los organismos de la Seguridad Social sean homegeneizados "con los exigidos a las entidades de la Administración general". Defiende que la documentación que le remiten las sociedades estatales incluya, a partir de ahora, una memoria detallada de las subvenciones recibidas, los resultados obtenidos con ellas, la ejecución de los contratos-programa, el cumplimiento de la Ley de Contratos de la Administración Pública y de las normas sobre retribuciones del personal del sector público.

Homologación

La propuesta incluye la sugerencia de que la documentación justificativa de las cuentas deje de ser enviada al Tribuna, que preside Milagros García Crespo, y quede disponible en las oficinas contables de las entidades públicas.En las conclusiones, el Tribunal de Cuentas propone una configuración de la CGE "que trascienda la mera unión e incluso agregación de las individuales que la constituyen, hasta alcanzar, en la medida que sea posible, la categoría de unas verdaderas cuentas consolidadas. Con ello", añade, "se conseguiría que la CGE fuera la expresión cifrada de la actividad económico-financiera y de la situación patrimonial de todo el sector público estatal y que la declaración definitiva que debe formular el Tribunal de Cuentas fuese para las Cortes Generales un instrumento más eficaz de control".

Asimismo, el Tribunal propone definir de forma más precisa los plazos de rendición de las cuentas de todas las entidades del sector público, "reduciéndolos en la medida que sea posible, así como homogeneizar la documentación que aquéllas deben incluir". Lanza una carga de profundidad contra la Intervención General del Estado: "La actuación del IGAE no debería condicionar la función fiscalizadora del Tribunal, cuyo primer objeto son las cuentas que deben rendir las entidades del sector público, más allá del plazo legal de dos meses, establecido".