Las firmas de Ballarin duermen en el juzgado

El caso de las Irregularidades de los votos por correo tramitados por el PP en Palencia ya tiene sentencia del Supremo. En León, dos monjas acaban de ser condenadas en primera instancia -dos meses de arresto y 50.000 pesetas de multa- por suplantar a los ancianos de su asilo introduciendo ellas las papeletas del Partido Popular en los sobres. En Madrid, cerca de 4.000 votos fueron tramitados de forma irregular en la sede del PP en la calle de Génova y se falsificó otras tantas veces la firma del notario Alberto Ballarín. Tres años después de aquellas elecciones municipales, este caso duerme en el juzgado de instrucción del magistrado Rafael Mozo, en la plaza de Castilla. Ni siquiera se han practicado las pruebas caligráficas entre el personal del partido para averiguar si quien hizo de apoderado de los supuestos votantes fue también el que falsificó la firma del fedatario público (algo que actualmente resulta muy sencillo para los peritos calígrafos).La sentencia dictada para el caso de Palencia -donde los resultados electorales fueron ajustadísimos- describe los votos amañados en asilos y hospitales -incluso se intentó que votaran los internos del psiquiátrico-; y condena moralmente a las dos militantes del PP procesadas, pero acaba absolviéndolas porque ese delito no estaba tipificado en los códigos en el momento en que se produjeron los hechos.

Pero en el caso de Madrid se añadió una irregularidad extra, mucho más clara: se falsificó la firma de un notario. El PP siguió en Madrid el trámite del voto por correo previsto para personas impedidas, lo que -a diferencia del reglamentado para quienes vayan a estar de viaje el día de las elecciones- evita que el elector presente personalmente la solicitud. Pero es necesaria la firma de un notario para delegar el trámite (que no el voto). Tres personas -dados los tres modelos distintos de falsificación de la rúbrica de Ballarín- se encargaron de ello, y tramitaron ilegalmente una cantidad de votos tan grande como para -a priori- inclinar una concejalía hacia un partido u otro; y, por tanto, para decidir la mayoría absoluta y con ello la alcaldía. Y falsificar la firma de un notario sí es un delito regulado por el Código Penal.

Además, quienes tramitaron los votos postales del PP falsificaron la firma del médico que certificaba la invalidez de los electores, y en algunos supuestos hasta la firma de los votantes: uno de los casos que abrió la investigación fue el de un presidente de mesa que había decidido abstenerse y que, sin embargo, se encontró con su voto postal para ser depositado en la misma urna que él presidía. Las papeletas de ese sufragio -como las de otros miles- habían sido remitida por Correos a la calle de Génova, 13, supuestamente a petición del interesado. Allí, alguien votó por él.La fiscalía de Madrid ha mostrado por este caso el mismo desinterés que el PSOE -temeroso de quién sabe qué-: los socialistas ni siquiera se personaron como perjudicados (aunque en un primer recurso contencioso-electoral presentaron más de 4.000 impugnaciones de votos por correo, cantidad que implicaba la elección irregular del último concejal del PP). Sólo Izquierda Unida ha mantenido una presencia -decisiva en los primeros pasos de la investigación judicial- en este sumario atragantado.

Se acaban de cumplir tres años de aquellas elecciones, y cualquier reanudación de las pesquisas parece llamada al fracaso después de transcurrido tanto tiempo. La pretendida depuración interna -tan demandada por el partido de José María Aznar cuando se trata de escándalos socialistas- también ha pasado al olvido.

Hoy por hoy, haber imitado 3.000 veces la firma de un notario para falsear tramitaciones de votos por correo es algo que sale gratis. No ocurriría lo mismo si se falsificara en un documento mercantil. Tal vez porque a veces algunos olvidan qué es lo más valioso en una democracia.