Anulada la petición de los jueces para que cese un consejero del Poder Judicial

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló ayer el acuerdo adoptado el 23 de diciembre por la Junta de Jueces de Instrucción de la capital, que pedía el cese del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Gómez de Liaño, por las conversaciones que dicho vocal mantuvo con la juez Susana Polo sobre un asunto de su competencia. La juez se sintió "inquietada y perturbada" en su independencia. Antes de conocer esta anulación, la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, estimó positivo comparecer ante el Parlamento para informar del conflicto.

La anulación de dicho acuerdo, por cuatro votos a dos, se fundamenta en que la ley prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir censuras a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, precepto aplicable a la exigencia de dimisión contenida en el acuerdo y a las expresiones descalificadoras ( ... ) siendo evidente ( ... ) que tales censuras sólo pueden hacerlas los jueces a través de los cauces asociativos".La sala de gobierno reprocha a la Junta de Jueces que su "acuerdo hace valoraciones ciertamente improcedentes". En uno de los puntos anulados, los jueces condenaban "enérgicamente" que Gómez de Liaño usara la inspección "para satisfacer un interés personal" [ya que Gómez de Liaño es amigo de un denunciado al que la juez Polo no tomó declaración personalmente]. Otro punto anulado pedía la "dimisión inmediata" del vocal y otro tildaba de "indignante e intolerable" que un encargado de velar por la independencia judicial hiciera "uno de los ataques más graves contra la misma que se recuerdan".La anulación de estos acuerdos es recurrible ante el pleno del CGPJ, órgano que el 12 de enero rehusó analizar los acuerdos de las juntas de jueces que no le llegaran por el conducto legal de los presidentes de tribunales superiores. Carmena calificó ayer ese trámite de "retardatario y burocrático", pero dijo que el acuerdo aprobado el 20 de enero se ha remitido al CGPJ por vía reglamentaria.

Cuando Carmena hacía estas declaraciones desconocía la anulación del primer acuerdo y más tarde no fue posible localizarla para que opinara sobre dicha decisión.

Carmena reprochó ayer al CGPJ "su lejanía respecto a los jueces gobernados" y recordó que la vocal Margarita Mariscal de Gante, encargada de Madrid, no ha visitado aún los juzgados. Criticó la pasividad del CGPJ en este conflicto, en el de "la corrupción en Marbella" y otros.

Tras informar ayer sobre el último acuerdo de los jueces de Madrid -que piden el cese de 14 consejeros del CGPJ-, Carmena aceptó la propuesta de IU de acudir al Congreso para informar del conflicto, que afecta al principio de independencia y al de inmediación que, según Gómez de Liaño, fue incumplido por la juez Polo. Carmena señaló: "Me parecería extraordinario que el Parlamento tuviera una visión directa del conflicto". Según Diego López Garrido, de IU, "el Parlamento tiene que tomar cartas en un asunto que afecta a los ciudadanos y que no puede quedar en una pugna entre colectivos judiciales y órganos del poder judicial".

Entre las explicaciones de Gómez de Liaño al CGPJ que acordó que no había indicios de se atentara contra la independencia de la juez Polo figura que, tras saber que la magistrada no había cumplido el deber de tomar declaración a un ciudadano, trasladó el incidente a la decana de Madrid, quien le dijo que hablaría con la juez. Carmena explicó ayer: "Siempre que hay una queja, intento solucionarla. En este caso no lo pude hacer, porque vino la inspección y no me dio tiempo".