El Consejo Económico y Social espera el desbloqueo de sus fondos para funcionar
El Consejo Económico y Social (CES) es como una locomotora sin carbón ni pasajeros. Su inauguración tuvo lugar hace poco más de un mes con la presencia de Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno. Pero la locomotora no ha arrancado. Entre otras cosas, no ha recibido el dinero previsto. "Estamos intentando desbloquear el presupuesto de 1992, 521 millones que los recortes han reducido a 160% asegura Federico Durán, presidente del CES.
Este consejo todavía no está preparado para empezar a funcionar como lo que es: un órgano consultivo formado por 60 miembros, de los que seis son expertos en derecho y economía y el resto representan a los empresarios, los sindicatos, los usuarios, pescadores o ganaderos. En las reuniones del pleno (una al mes, por lo menos) se discutirán todos los temas que puedan afectar al ciudadano y también en las dos reuniones mensuales de la comisión permanente, que todavía no se ha formado, y en los grupos de trabajo que se creen para estudiar cada tema. El CES emitirá también dictámenes a solicitud del Gobierno.Un miembro del grupo de expertos, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía, comenta que, "además de la función del CES con respecto a las iniciativas del Gobierno, hay otras áreas que tiene que tocar por su cuenta". "Se podrían elaborar documentos que puedan servir para crear una conciencia en la sociedad española, porque estamos atravesando una época en la que soluciones válidas hasta ayer se están rebelando como cuestionables," comenta de la Borbolla. Y es en este ambiente donde el CES aparece como "un órgano con más serenidad y despegado de las luchas políticas cotidianas" en el que se pueden discutir esas cosas. El representante de la Unión de Consumidores de España, Francisco Angelina, avisa que su actividad va a intentar llevar los principios de la ley de defensa del consumidor a todo".
En la madrileña y solitaria sede del CES, en la calle Huertas, se cuentan con los dedos de una mano la gente que está trabajando (un ordenanza que les han prestado en el Ministerio de Trabajo y dos secretarias, también en régimen de renta); no hay centralita de teléfonos, ni un sólo ordenador más que el portátil que se trae debajo del brazo su presidente, Federico Durán, catedrático de derecho del trabajo. La fotocopiadora aparece como el único lujo.
A pesar de que el CES no está preparado, los ciudadanos sí están listos para hacer uso de él. En España sobran problemas y algunos de sus afectados ya se han acercado a consultar. Un jubilado que se queja que su pensión no le da para vivir. Una empresa que no puede despedir a sus trabajadores porque le cuesta muy caro y se hunde. Los propietarios de inmuebles que piden' ser representativos como los arrendatarios. Los integrantes de la Plataforma Sindical que piden tener una relación fluida con el CES.
Competencias
"Hemos contestado a todos y lo seguiremos haciendo mientras sea posible, pero no tenemos competencias para solucionar esos problemas", explica Federico Durán en su luminoso despacho de la última planta del edificio que durante años albergó al diario Pueblo. "No nos podemos ocupar de cada caso concreto, pero éstos muchas veces son exposiciones de un problema más general", añade. Y entonces sí que pueden estudiar esa cuestión. Los ciudadanos, ya les han pedido ayuda pero el Gobierno todavía no ha hecho ninguna solicitud de dictámen al CES "porque son conscientes de la situación en la que estarnos", confiesa su presidente.El granadino Durán tiene encomendada la tarea de crear un órgano desde cero. Y no es nada fácil. "Estamos en la fase de organización interna para lo que se ha constituido un grupo de trabajo", explica. Acaban de recibir el proyecto de borrador de reglamento para el CES, que ha elaborado un grupo de profesores de la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla autores de un libro sobre cómo funcionan el resto de los consejos de este tipo. Ahora hay que discutir y consensuar este conjunto de reglas que van a dirigir la vida del CES, contratar a la plantilla y conseguir que el presupuesto del CES para 1993 consiga un incremento durante su trámite en el Senado de 534 millones a 724 millones. "Estamos metidos de lleno en esta tarea ingrata pero necesaria para conseguir un mínimo de infraestructura que necesitamos para funcionar", comenta. Calcula que en enero o febrero "ya podemos estar funcionando" pero no cree que puedan cumplir con una de las funciones que establece la ley: elaborar la memoria anual sobre la situación económica social de España. Seguramente no podrán hacer la de 1992 porque hay que elaborarla en los cinco primeros meses del año siguiente "porque no tenemos un sólo elemento sobre el que trabajar".
