Barranco pide que se expulse al Ayuntamiento del Consorcio de Transportes por chalaneo político

La pelea política por los transportes públicos en Madrid se ha caldeado al máximo apenas unos días antes de que el Ayuntamiento, en pleno, decida el próximo miércoles si continúa o no en el Consorcio Regional de Transportes. El alcalde negó ayer que exista ya un acuerdo con la Comunidad para el pago de la deuda pendiente -superior a 6.000 millones o para la modifi*cación M convenio por el que se dirige este organismo. Además entiende que no sería dramático marcharse porque ni al Metro ni a la EMT le pasaría nada. El socialista Juan Barranco estalló. Achacó al presidente Joaquín Leguina excesiva paciencia y pidió la expulsión de] Ayuntamiento por sus continuos chantajes y chalaneos políticos.

Guerra de ruedas de prensa en el Ayuntamiento entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición. Barranco emparedó al alcalde al ofrecer sus opiniones antes y después de la habitual comparecencia de los viernes de José María Álvarez del Manzano tras la comisión de gobierno.El ex alcalde acusó a "la política de chantaje del PP en el transporte público", dirigida por José María Álvarez del Manzano, de provocar "la huelga de 66 días que ha sufrido este año la EMT. Luego tuvieron que llegar [el ministro] Corcuera y el presidente del Gobierno para sacarle del apuro".

Barranco se encrespó: "Basta ya de subastas y de chalaneos con el transporte colectivo. Si usted [en referencia al actual alcalde, ausente] no cumple sus compromisos y va a continuar así, váyase del Consorcio y que el Estado y la Comunidad de Madrid inviertan su dinero en el Metro y en subvencionar los abonos y usted quédese con su EMT y privatícela, pero haga algo".

La paciencia de Leguina

El portavoz del PSOE argumentó que el presidente regional, Joaquín Leguina, ha demostrado ya demasiada paciencia para intentar arreglar la situación y pidió que se expulse al Ayuntamiento de Madrid- de este organismo.

Barranco tiene también sus ideas sobre lo que debe hacer el Estado en cuanto a su subvención actual para los transportes (25 pesetas por viaje en 1993 como consecuencia del plan Felipe, que termina precisamente el próximo año y que en grandes ciudades sólo favoreció a Madrid y a Barcelona). "El Estado hará su esfuerzo en función de lo que haga la Administración a la que se está subvencionando", afirmó.

El alcalde tenía conocimiento de estas declaraciones cuando acudió a su reunión con la prensa minutos más tarde. "El Ayuntamiento marcha con orden, tranquilidad y fuerza y aquí no hay chalaneo alguno, lo que sucede es que al fin hay un Ayuntamiento que sabe dónde está y no se dobla con indignidad ante ninguna administración".

Álvarez del Manzano ofreció diversas explicaciones para justificar las complicadas negociaciones en marcha con la Comunidad sobre la continuidad de la capital en el Consorcio de Transportes: "No estaban acostumbrados a la postura gallarda del Ayuntamiento y,se han quedado sorprendidos". Sobre las movilizaciones vecinales y sindicales, indicó que pretendían "politizar" el conflicto, y aseguró: "Conmigo, las manifestaciones y los gritos tienen muy poco éxito".

El Ayuntamiento reclama más representación en el Consejo de Administración de este organismo, y, sobre todo, quiere aportar menos dinero. El municipio propone otorgar un año de plazo a la Comunidad para que modifique en la Asamblea la ley de creación del Consorcio y excluya de este órgano a los que no aportan dinero (sindicatos, vecinos, patro-. nales). La comisión delegada del Consorcio, formada al 50% por la Comunidad y el Ayuntamiento, tendría derecho a veto.

El alcalde ofreció un gráfico que refleja el ascenso de la asignación municipal de 200 millones en 1986 a 16.656 para 1993. Además negó que se hubiese alcanzado un acuerdo para financiar la deuda pendiente -6.013 millones- y reflejó que se habían producido retrocesos en los últimos contactos.

El concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla, admitió que el escollo en estos momentos es económico. La Comunidad rebajaría la partida municipal a 13.000 millones si desciende en la misma cuantía la del Gobierno regional. Las inversiones se paralizarían. El Ayuntamiento no está dispuesto a pagar más de 10.000 millones.

El alcalde no cree que salirse del Consorcio sea un drama, y piensa que, tanto el Metro como los autobuses de la EMT, seguirían funcionando igual.