Los sindicatos mineros amenazan a Major con paralizar el país

El cierre parcial de la industria carbonífera puede devolver al Reino Unido a los inviernos de huelgas, manifestaciones y malestar social de los años setenta. Los sindicatos de minas, energía y ferrocarriles empezaron ayer a estudiar la convocatoria de paros masivos para oponerse a lo que Norman Willis, líder del Congreso de Sindicatos, califica de "acto de vandalismo industrial". No es seguro, sin embargo que puedan llevar adelante una cadena de protestas, dada la debilidad a que los ha reducido la década thatcherista.

Los sindicalistas creen que el cierre de 31 pozos y el despido de 30.000 mineros por parte de British Coal traerá consigo la pérdida de otros 60.000 empleos en empresas auxiliares, ferrocarril y centrales térmicas de carbón. Norman Willis jugó la carta de la moderación y rogó ayer al primer ministro, John Major, que "reflexione y dé marcha atrás, que nos permita negociar". Pero el subsecretario de Industria, Tim Eggar, respondió que "la decisión ya está tornada".La semana pasada, en la conferencia del Partido Conservador, se anunció la próxima privatización de British Coal. Pero nadie esperaba que esta privatización, la última herencia del thatcherismo, fuera precedida por una pérdida de plantilla tan masiva como la anunciada.

La capacidad de British Coal quedará reducida a menos de un tercio de la actual en sólo cinco meses. Y eso, a pesar de la extraordinaria inversión realizada para modernizar el sector (unos 80 millones de pesetas por cada trabajador desde 1979) y al fuerte incremento de la productividad, duplicada en los últimos cinco años. British Coal justifica su decisión por la competencia de otras fuentes de energía. Las empresas eléctricas británicas, clientes casi exclusivos de British Coal, han apostado por la energía nuclear y el gas británico-noruego del mar del Norte, y han iniciado en consecuencia un ambicioso plan de reconversión de sus centrales productoras de electricidad. El ministro de Industria, Michael Heseltine, afirmó que "la demanda de carbón se reducirá rápidamente en los próximos años. Y no se debe producir lo que nadie quiere comprar". El pago de indemnizaciones y subsidios de desempleo a los despedidos costará al menos 170.000 millones de pesetas al Tesoro británico.

La Comisión Europea rechazó ayer la urgente petición británica de conceder unos 4.000 millones de pesetas en ayudas a las zonas más afectadas por los cierres, por falta de presupuesto. Tras la reducción de capacidad de British Coal, el Gobierno iniciará los trámites para privatizar las minas restantes, de cuya venta espera obtener unos 80.000 millones de pesetas.

El anuncio de cierre no sólo ha conmocionado a los sindicatos. El Partido Laborista ha pedido una sesión extraordinaria de la Cámara de los Comunes para debatir el asunto.Y algunos diputados conservadores han expresado públicamente su disconformidad con el cierre parcial de una de las más tradicionales industrias británicas, justo en plena recesión y con un desempleo rampante. John Carlisle, conservador, lanzó ayer un inusual ataque contra el gabinete de John Major, al afirmar que algunos ministros "no son dignos de figurar en el Gobierno".

Las reacciones a los despidos en British Coal han sido agrias desde el principio. La empresa ofrece unas indemnizaciones de hasta 6,5 millones de pesetas, generosas para la media británica pero amenaza con reducirlas hasta sólo un millón si hay huelgas. Los sindicatos. han respondido al "chantaje", en palabras del líder minero Arthur Scargill, con la promesa de que "todo el país quedará paralizado y el Gobierno tendrá que escuchar la voz de millones de parados". El desempleo afectará a más de tres millones de personas en cuanto se produzcan estos despidos.

El retorno de Scargill

La gravedad de la situación ha traído a la memoria de los británicos a Arthur Scargill, una figura marginal del sindicalismo británico desde la última gran huelga minera, en el invierno de 1984-1985. Aquélla fue una huelga política, con la declarada intención de derribar a la primera ministra, la conservadora Margaret Thatcher, tras el fracaso electoral laborista de 1983. Thatcher venció, y Scargill quedó reducido a la condición de vestigio del antiguo sindicalismo político, destinado a extinguirse.El líder minero lanzó, en años siguientes, constantes advertencias sobre supuestos planes de cierre de British Coal, la empresa monopolística del carbón. Nadie le creyó. Hasta ahora. Resultó que el ridiculizado Scargill tenía razón. Y ayer, anonadada antes las imágenes que servía la televisión -mineros llorosos, familias sin futuro, pueblos enteros condenados a desaparecer-, la opinión pública británica se la dio.

Muchos británicos empiezan a pensar que al margen de razones económicas tal vez exista, como dice Scargill, un cierto ánimo de venganza de los conservadores contra los mineros del carbón, los hombres que provocaron la derrota electoral de Edward Heath en 1974 y pusieron contra la pared a su sucesora en el liderazgo tory, Margaret Thatcher, diez años más tarde.

Scargill y sus mineros ya no tienen la fuerza de antaño. Su constante negativa a negociar, su sindicalismo de confrontación, ha causado una fuerte hemorragia de afiliaciones -130.000 en una década- en la Unión Nacional de Mineros (UNM), afectada además por las constantes reducciones. de empleo en el carbón. La UNM tenía 180.000 afiliados en 1985. Ahora sólo 15.000. La Unión Democrática de Mineros (UDM), creada como alternativa moderada a la UNM, tiene unos 20.000.

Ni la UNM ni la UDM son organizaciones que puedan poner en apuros a un gobierno. Pero los ferroviarios sí pueden, y miles de ellos se verán afectados por la supresión de las líneas de mercancías que transportan el carbón desde las minas a los centros industriales. Por primera vez en años, la opinión pública, agobiada por la recesión, el paro y los elevados tipos de interés, podría considerar comprensible una oleada de huelgas.