La nueva legislación sobre despido en Portugal amenaza con romper la UGT

El llamado paquete laboral, que altera la legislación vigente desde 1975 en Portugal sobre el despido, y que llevó a las dos centrales sindicales portuguesas, la CGT-Intersindical, de orientación comunista, y la UGT, que reúne a los sindicalistas socialistas y socialdemócratas, a convocar una huelga general el pasado 28 de marzo va a pasar en el Parlamento gracias al apoyo de la mayoría socialdemócrata.

El Gobierno de Cavaco Silva ha optado por una fórmula de excepción para, según la oposición, limitar al máximo el debate de sus polémicas iniciativas laborales, ya que los legisladores han sido obligados a abdicar de sus poderes constitucionales en la materia por el mecanismo de una demanda de autorización legislativa por parte del. poder ejecutivo. La oposición, que trató inútilmente de oponerse a la estrategia gubernamental, exigiendo un debate parlamentario de fondo, ve en la actitud del Gobierno una forma de esconder a los ojos de la opinión pública las graves divergencias que la nueva legislación laboral provoca en el interior de la propia mayoría. Los diputados socialdemócratas Pereira Lopes y Armenio Santos, respectivamente presidente y secretario de UGT, han pedido la suspensión temporaria de sus mandatos para no verse obligados a votar a favor de la propuesta del Gobierno. Otros cinco sindicalistas de UGT, que acataron la disciplina de voto impuesta por el PSD a sus parlamentarios, han asumido el riesgo de probables sanciones disciplinarias por parte de la dirección de la central sindical.Una posible ruptura en el interior de la segunda mayor central sindical portuguesa, con la creación de una nueva organización por parte de los socialdemócratas, es una de las consecuencias posibles de la crisis, que el secretario general de UGT, José Manuel Torres Couto, dice "no temer", porque está convencido de que la mayoría de los trabajadores, incluidos los que en julio pasado votaron a favor del PSD, apoyan la posición de los sindicatos y no del Gobierno.

Actos de protesta

Las dos centrales sindicales han reafirmado su oposición a la ley del despido: La CGT, con una jornada de protesta, que concentró unos miles de manifestantes junto al palacio de San Bento, sede del Parlamento, y la UGT con la ocupación simbólica de las tribunas del público, al inicio de la sesión legislativa.La unidad de acción entre socialistas y comunistas ha sido denunciada por el Gobierno, que acusa a UGT y al PS de dejarse arrastrar por el partido comunista. Los dirigentes sindicales socialistas rechazan estas acusaciones, afirmando que se trata de una "convergencia" legítima cuando están en juego "derechos e intereses fundamentales" de los trabajadores.