La Junta andaluza rechaza las denuncias sobre la televisión regional

La Junta de Andalucía no anulará ni modificará las condiciones del concurso convocado para el equipamiento técnico de la televisión regional, según aseguró ayer el consejero de Presidencia, Manuel Gracia, responsable de la convocatoria por depender de ese departamento la Dirección General de Medios de Comunicación. Gracia respondía así a las insinuaciones sobre supuestas irregularidades en la tramitación y convocatoria del concurso, por valor de unos 800 millones de pesetas.Alianza Popular pidió la revisión del asunto tras la difusión de un escrito, en el que supuestos empresarios que no se identificaban denunciaban defectos en la convocatoria para favorecer a una determinada empresa, según indicó a este periódico Manuel Ponce, representante de AP en el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Por su parte, Izquierda Unida denunció que se había negado documentación sobre los estudios de viabilidad y los proyectos técnicos. El consejero Gracia, de su lado, indicó que la documentación se enviará al consejo de administración de RTVA cuando se constituya, y al mismo tiempo al Parlamento.

"Cueva de ladrones"

Gracia atribuyó la denuncia a una guerra comercial entre empresas, y lamentó que grupos políticos la hayan secundado, al tiempo que pedía que quien tenga algo que denunciar acuda a los tribunales. El Gobierno andaluz, dijo, no está dispuesto a que se insinúe que la Administración es una "cueva de ladrones".Las supuestas irregularidades se basan fundamentalmente en la falta de tiempo para preparar los proyectos técnicos, en el hecho de que el proyecto se encargara al ingeniero de telecomunicaciones Fernando Pardo y no a una empresa técnica de consultoría, en el presunto imcumplimiento de varios preceptos de la Ley de Contratos del Estado, y en las condiciones de pago establecidas por la Junta de Andalucía para la empresa adjudicataria.

En concreto, a Fernando Pardo se le atribuyen relaciones con PESA, empresa controlada por el INI que sería supuestamente la beneficiada por las condiciones en las que se ha convocado el concurso. Este periódico no pudo localizar ayer a Pardo pese a intentos reiterados. Todo estos hechos, según el escrito, harían impugnable la convocatoria del concurso. El 28 de diciembre pasado finalizó el plazo de presentación de impugnaciones, sin que se hubiese producido ninguna.

Según el director general de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía, Salvador Domínguez, el encargo a Fernando Pardo se realizó en ftinción de que es "un acreditado especialista", que ha realizado el equipamiento de la televisión gallega y de las radios autónomicasde Cataluña y Valencia. Según Domínguez se atendió al ahorro económico.

El director general de RTVA negó tajantemente que se hubiera incumplido la Ley de Contratos del Estado. Según Domínguez se han cumplido los requisitos en cuanto a la posibilidad de licitar por la totalidad de equipamiento técnico o sólo sobre algunos lotes, y no se ha hecho la oportuna convocatoria en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas "porque en el reglamento de la Ley de Contratos se excluye expresamente de esa obligatoriedad a los organismos que gestionen servicios de teleco~ municaciones".

El plazo de presentación de ofertas para el equipamiento de la Televisión Andaluza finalizó el pasado 28 de diciembre, y se espera fallar en este mes de enero. Se han presentado cinco propuestas, entre las que Salvador Domínguez citó ayer las de la alemana Boch y las españolas Sintel, PESA y AMPE.