Los libreros españoles piden la supresión de impuestos y una política de difusión de la lectura
Los libreros españoles han acordado solicitar la supresión del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la intervención de los organismos correspondientes para luchar contra la piratería editorial, durante el X Congreso Nacional de Libreros, celebrado en Sevilla durante la semana pasada. Este acuerdo fue adoptado el jueves pasado, durante el coloquio que siguió a la intervención del economista Ramón Tamames, quien disertó sobre el IVA y otras características fiscales del libro. El Congreso ha coincidido con la celebración de las ferias del Libro de Madrid, inaugurada el pasado miércoles, y de B...
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Los libreros españoles han acordado solicitar la supresión del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y la intervención de los organismos correspondientes para luchar contra la piratería editorial, durante el X Congreso Nacional de Libreros, celebrado en Sevilla durante la semana pasada. Este acuerdo fue adoptado el jueves pasado, durante el coloquio que siguió a la intervención del economista Ramón Tamames, quien disertó sobre el IVA y otras características fiscales del libro. El Congreso ha coincidido con la celebración de las ferias del Libro de Madrid, inaugurada el pasado miércoles, y de Barcelona, abierta el pasado viernes.
Este X Congreso ha sido organizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y su presidencia de honor es ostentada por los Reyes de España.En la primera ponencia del congreso, Ramón Tamames analizó las consecuencias que para los distintos sectores relacionados con el libro tiene el ingreso de España en la Comunidad Europea y reafirmar el criterio de que el libro ha de seguir siendo el instrumento de cultura más importante, con funciones permanentes en la educación. Tamames afirmó que la aplicación del IVA al precio de los libros supone un traumatismo de graves consecuencias para la difusión". Esto, a su juicio, supone la ruptura de un principio básico, "el libro exento de toda clase de impuestos, en contraste con otros países europeos y de gran parte del mundo hispanohablante".
A este respecto, el congreso proclamó la iniciativa de suprimir el IVA para los libros, a la vez que se solicitaba la adopción de medidas presupuestarias oportunas para que todo lo recaudado por este concepto se destine a compras públicas de libros, a través del canal librero. Respecto a la Administración, se consideró "necesaria e imprescindible" que ésta amplíe y coordine los planes de animación de lectura "utilizando para ello los medios estatales de comunicación y muy especialmente la televisión".
En esta misma línea de apoyo al sector librero, la ponencia de José Ignacio de Ramón, subdirector general del Banco de Crédito Industrial, hizo especial hincapié en la necesidad de que las entidades financieras de carácter público promuevan la creación de líneas de crédito adaptadas a las peculiaridades de la librería, aceptando como activo de capital sus inversiones en existencias almacenadas. Igualmente se habló de que si la difusión del libró experimentaba un crecimiento en un futuro próximo gracias a la aplicación de los nuevos fenómenos de transformación, esto exigíria un nuevo planteamiento de renovación en la estructura de las librerías. Llegado a este punto, el congreso reconoció que "la informatización es un reto inaplazable para la eficacia de la gestión de las librerías, así como para la renovación de su imagen ante la sociedad. Igualmente, se reitera la necesidad de establecer las escuelas de librería para una mejora en la formación y capacitación profesional". Tanto en este asunto como en el de la informatización, el congreso consideró oportuno "solicitar subvenciones y créditos de apoyo por parte de la Administración, dada la importancia de la envergadura económica de estos equipos".
Instrumento cultural
Javier Abásolo, director del Centro del Libro y la Lectura, también afirmó que "la Administración debe apoyar y contribuir al desarrollo de la librería si realmente la considera como un instrumento cultural útil a la sociedad", e insistió en el hecho de que las compras institucionales de libros se han de canalizar a través de los libreros, y en la necesidad de agilizar los trámites burocráticos de la Administración para el cobro de los suministros que se efectúen. Abásolo finalizó su ponencia calificando de imprescindible la existencia de una política editorial referente al libro, que ha de ser "clara y definida". "Esta tarea", dijo, "ha de ser asumida por todos los departamentos ministeriales y las diversas consejerías de las comunidades autónomas".En lo que toca a la competencia desleal, la ponencia del catedrático de Derecho Mercantil Rafael Illescas señaló que "a pesar de las imperfecciones en la normativa vigente relacionada con el comercio del libro es evidente que existen recursos jurídicos suficientes para combatir la competencia desleal". Asimismo, Illescas resaltó la fuerza de las instituciones gremiales de libreros para llevar a cabo acciones eficientes "frente a quienes deterioran el mercado con prácticas ilícitas". A tal efecto, el congreso se mostró consciente de la necesidad de potenciar y confederar los gremios provinciales.
El congreso solicitó a la CEGAL un dictamen que contenga la forma de hacer frente a cada caso de competencia desleal. Los 400 libreros -en toda España hay alrededor de 2.000 librerías y 10.000 puntos de venta- participantes en el congreso decidieron urgir la intervención de los organisrnos correspondientes para crear la legislación adecuada que evite "la piratería editorial por el sistema de fotocopia del libro, que es un fraude a la propiedad intelectual y una competencia absurda al comercio del libro".
Luis Tintoré, presidente del gremio de Libreros de Madrid y vicepresidente de CEGAL, señaló ayer en Madrid la importancia de todos los asuntos tratados en el Congreso de Sevilla y añadió que ayer mismo, representantes del sector celebraron una reunión con miembros del Ministerio de Cultura y de Educación para adoptar a tiempo medidas que impidan la venta de libros en los colegios. "Consideramos necesaria la actualización de la ley del Libro, que está obsoleta porque no contiene las medidas de protección necesarias para el sector", dicen los libreros.