La descomposición de la dictadura argentina se hace más palpable a medida que se acerca su fin
Un tufo de descomposición social está marcando las últimas semanas de la dictadura argentina. La Junta Militar se reunió el pasado jueves, en, un intento infructuoso de unificar criterios respecto a la negociación de la deuda externa de las empresas públicas. La renegociación de los 7.000 millones de dólares que deben en el exterior las empresas estatales argentinas comenzaba con la renegociación-piloto de Aerolíneas Argentinas. Un juez federal, Federico Pinto Kramer, ha ordenado paralizar las negociaciones, ante lo que considera, a denuncia de parte, cláusulas lesivas para los intereses del p...
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Un tufo de descomposición social está marcando las últimas semanas de la dictadura argentina. La Junta Militar se reunió el pasado jueves, en, un intento infructuoso de unificar criterios respecto a la negociación de la deuda externa de las empresas públicas. La renegociación de los 7.000 millones de dólares que deben en el exterior las empresas estatales argentinas comenzaba con la renegociación-piloto de Aerolíneas Argentinas. Un juez federal, Federico Pinto Kramer, ha ordenado paralizar las negociaciones, ante lo que considera, a denuncia de parte, cláusulas lesivas para los intereses del país, entre ellas la de remitir cualquier diferendo sobre la deuda a los tribunales estadounidenses.
El Ejército y la Armada respaldan al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, que se encuentran negociando en Nueva York; la Fuerza Aérea pretende elevar el contrato de Aerolíneas a la fiscalía nacional de investigaciones administrativas. El caso es que el Gobierno no ha tenido otra opción que la de acatar la decisión del juez Kramer -que se supone inspirado. por un sector del arma aérea-, paralizando la renegociación de la deuda pública.El subsecretario de Economía ha manifestado que "el hecho de que el país comience a dejar caer los vencimientos, sin pagarlos, permite suponer que Argentina se encuentra en suspensión de pagos
Mejoras salariales
Las dos CGT han trasladado al martes su convocatoria de huelga general, para permitir que -primer día hábil de octubre- los obreros puedan devengar sus salarios. Y ayer, a sólo tres días de esta huelga, los sindicatos peronistas han paralizado el transporte público de superficie del gran Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales. Huelga salvaje y aparentemente inexplicable, que, curiosamente, coincide con la presentación electoral del radicalismo en un mitin multitudinario del candidato presidencial Raúl Alfonsín, en un estadio de fútbol suburbano. El Partido Radical ha tenido que hacer un urgente llamamiento a sus simpatizantes para que pongan sus vehículos particulares al servicio de la concurrencia.Mientras continúa la división judicial entre jueces que aplican la ley de autoamnistía y una mayoría que la desobecede abiertamente, cerca de 10.000 personas de todo el abanico" político marcharon el jueves desde el centro de la capital hasta la Casa Rosada, para exigir información sobre Rubén Álvarez, un dirigente salteño del Partido Intransigente y candidato a diputado provincial, desaparecido el pasado día 18 en circunstancias que hacen temer su secuestro por bandas paramilitares.
En las escalinatas interiores de la Casa Rosada se escuchó un diálogo que retrata el clima porteño de estos días convulsos: "los de las organizaciones de derechos humanos, que esperen afuera; que sólo pasen los dirigentes del Partido Intransigente".
'Clima' porteño
El coronel Tepedido, jefe de Seguridad del Ministerio del Interior, informa a los delegados partidarios: "Hacemos todo lo que podemos, queremos resolver esta cuestión. Estamos en la cuerda floja, nos llaman de todos lados. Hace poco no más recibimos un reclamo telefónico de Ginebra. Nos tiene que dar una respuesta. Tenemos 10.000 personas en la calle. Ya veo que los ánimos están caldeados". (Afuera se escucha: "¡Milicos,-milicos/ malparidos/ que digan lo que han hecho/ con los desaparecidos!"). Mañana informaremos sobre el resultados de las investigaciones".Una fiscal federal ha solicitado cinco años de prisión por ocultación de pruebas para el almirante Massera, triunviro en el golpe de Estado de 1976. A Massera se le sigue proceso por la desaparición del empresario Fernando Branca, esposo de Marta Rodríguez McCormac, amante del marino. La petición fiscal impide que el almirante logre la libertad provisional hasta la vista de su juicio. La fiscal solicita también para Marta McCormac dos años de cárcel, por falsos testimonios.
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