Tres cuartas partes de las suspensiones de pagos alegan falta de liquidez y piden moratorias para el deudor

Casi las tres cuartas partes de las empresas que han suspendido pagos en la primera mitad del presente año -497, con un pasivo de 76.630 millones de pesetas- han alegado, como causa, falta de liquidez. Una proporción algo mayor contiene proposiciones de espera en la recuperación de la deuda, en su mayor parte inferiores a tres años. Sin embargo, pese al aumento de estos siniestros económicos, ha descendido, por otros motivos, el número de efectos impagados. De todas formas, el volumen de efectos protestados cada mes supera al de las suspensiones de todo el semestre.

La alegación de falta de liquidez es interpretada en medios financieros como un síntoma más del síndrome de abstinencia que, a su juicio, aqueja a las empresas españolas actualmente, como a las de otros países industriales. Su diagnóstico es que estaban escasamente capitalizadas y, durante la última década, han utilizado el endeudamiento para destinos ajenos a la inversión. La consecuencia de no haber aplicado el necesario ajuste es que, a la hora de renovar los créditos, se encuentran tipos de interés internos más elevados, ante lo cual optan por suspender pagos o por pedir ayudas oficiales. Las grandes empresas, además, tienen que devolver los préstamos exteriores muy encarecidos por la apreciación del dólar.Los datos del primer semestre indican que 320 empresas suspensas acusaron falta de liquidez, frente a las 101 que han argumentado escasa demanda de producción o servicios; otras dieciocho presentaron baja de productividad, y las 58 restantes diversas causas. La situación no es muy distinta a la de 1981, cuando, de las 820 suspensiones de pagos, 582 se atribuyeron a falta de liquidez; 93, a insolvencia temporal, y 145, a otras causas. La distinta clasificación entre uno y otro período no permite hacer comparaciones. De todas formas, la relación entre los problemas de liquidez y las suspensiones quedó patente en 1978, año de restricciones monetarias que batió el récord de incremento de la morosidad, aunque ahora va a ser excedido por el presente (véase EL PAIS del pasado día 4).

No obstante, los datos más amplios sobre el nivel de endeudamiento de las empresas españolas, recogidos entre grandes y medianas empresas por los trabajos anuales de la Asociación para el Progreso de la Dirección, reflejan una notable mejora. En 1972, la deuda representaba por término medio el 63% de los recursos totales, nivel que se redujo en 1980 al 55%. Estas y otras magnitudes son esgrimidas últimamente por el presidente de la Asociación Española de la Banca Privada, Rafael Termes, para intentar explicar que la causa del deterioro de resultados en las empresas han sido, sobre todo, los salarios y las materias primas. En su opinión, la culta del alza de los costes financieros radica en haber aumentado la estructura de endeudamiento en circunstancias en las que lo aconsejable es reducirla. Pero los datos están ahí: entre uno y otro año, el coste medio de la deuda total (vieja y nueva) ha pasado del 7% al 13%.

Las empresas que se acogen para suspender pagos a una ley de 1922, orientada a que el deudor y los acreedores lleguen a un convenio que permita sobrevivir a la sociedad, proponen en su inmensa mayoría la espera en el pago. Concretamente, de las 497 suspensiones formuladas este año hasta el 1 de julio, 445 han pedido la espera y sólo veintinueve un acuerdo de quita o reducción. De las primeras, 370 han propuesto demoras inferiores a tres años (es la fórmula adoptada esta semana por los astilleros Unión Naval de Levante, con 7.750 millones de pasivo), y 75 superiores a este plazo. De las quitas, algo más de la mitad han solicitado por encima del 20% de la deuda. Este reparto no difiere prácticamente de las registradas en todo 1981: 755 peticiones de espera, veintidós de quita y 43 de otras fórmulas.

Aprietos para las empresas

Indudablemente, la coincidencia de tantas propuestas de espera con la subida de tipos de interés y la escasez de dinero observadas en los últimos años ha supuesto aprietos adicionales para las numerosas empresas que trabajan con las suspensas. No todo el pasivo incurso en suspensión -147.000 millones de pesetas el año pasado y 76.630 millones de pesetas en la primera mitad del presente año, según el Instituto Nacional de Estadística- es exigible a plazos cortos. Ni tampoco carece de cobertura de seguros buena parte del mismo. Pero cada suspensión supone algún tipo de perjuicios para las empresas más próximas, sobre todo si se tiene en cuenta que la situación de la Administración de Justicia no favorece rápidos trámites, lo que dilata los plazos de espera en la deuda.De los datos disponibles resulta imposible determinar qué parte de la deuda es a entidades de crédito y qué parte a empresas. Sí se sabe, aunque no se puede atribuir a un año o a una fuente concretas, que aquéllas han detraído de sus excedentes para sanear créditos, entre 1978 y 1981, cerca de 300.000 millones de pesetas. Exactamente, 245.894 millones de pesetas netas los bancos privados y 48.660 millones las cajas de ahorro, cifras que no han pagado impuestos por no haber sido elevadas a beneficios. En el mismo período, el conjunto de los pasivos afectos a suspensiones de pagos sumó unos 450.000 millones de pesetas.

Tampoco pueden extraerse conclusiones solventes de la evolución de los efectos impagados, en parte dirigidos a empresas en suspensión de pagos, pero también muchos otros a particulares o a empresas que los rechazan por motivos ajenos. Curiosamente, este tipo de morosidad se ha frenado desde 1980. Si en 1978 cada mes fueron protestadas de media en España letras por valor de 70.503 millones de pesetas y al año siguiente se superaron los 90.600, en los dos ejercicios siguientes hubo una ligera inflexión (97.919 y 97.055 millones, respectivamente), para recortarse en los primeros meses del presente año, excepto en marzo.

En Madrid, los datos del Registro de Aceptaciones Impagadas indican que, en los ocho primeros meses de 1982 (hasta el 1 de septiembre), los efectos protestados llegaron a 26.759 millones de pesetas, al tiempo que otros 7.360 millones no han sido protestados. En el segundo caso, hasta el 1 de septiembre del año pasado iba una cifra mayor: 9.842 millones de pesetas en efectos no protestados; en el primero, algo menor, 26.247 millones.

Pero estas bajas o escasos incrementos parecen responder, fundamentalmente, al fuerte descenso en la cartera de efectos de los bancos, atribuido a los cambios en el sistema de domiciliación y al menor interés observado por esta inversión crediticia desde que la autoridad monetaria impuso comisiones máximas y tipos de interés libres.