Empresarios y técnicos solicitan con urgencia una ley del transporte público

Una ley que regule el transporte urbano de superficie y un reglamento que la desarrolle, junto a la elevación de las tarifas en tal cantidad que permita cubrir los gastos de explotación del transporte, son las dos principales conclusiones aprobadas en la III Semana Técnica sobre Transportes Urbanos, celebrada del 1 al 6 de junio pasado en Alicante.

ENVIADO ESPECIAL, Por lo demás, las jornadas, a las que asistieron doscientos congresistas de toda España, supusieron un profundo enfrentamiento entre las concepciones de empresa privada y empresa pública (o municipal) en la gestión del transporte en las ciudades.Tras los cinco días de intenso estudio, el resultado es que las posturas son irreconciliables y que existe una guerra evidente en el sentido de irse arrebatando mutuamente la mayor cantidad de líneas y trayectos de transporte urbano posible. A lo largo de las jornadas estuvo latente la reciente absorción (extinción de contratos o municipalización, llámese como se quiera, pues el asunto está aún sub júdice) de las líneas periféricas madrileñas y las no tan recientes de otras ciudades españolas, como es el caso de Gijón.

A la semana técnica, organizada por la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE), con la colaboración de la Asociación Nacional de Transportes Urbanos Colectivos de Superficie, asistieron los representantes del transporte público de los principales ayuntamientos españoles y los empresarios y gerentes de empresas privadas que tienen concedidas la gestión del transporte. Entre los asistentes se hallaron el presidente del Consejo de Intervención del Metro, de Madrid, Juan Torres; el delegado de Circulación y Transportes del mismo ayuntamiento, José Carlos García Hernández, y el director de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) madrileña, José Luis Montemayor, así como destacados representantes de las extinguidas líneas periféricas.

Las conclusiones

Tras las intervenciones de ocho conferenciantes, que estuvieron seguidas de largos e intensos coloquios, se aprobaron once conclusiones, que serán elevadas tanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como a los ayuntamientos y entidades responsables del transporte urbano, si bien no tienen ningún carácter vinculante.La principal de ellas es la necesidad urgente de una ley que regule el transporte urbano de superficie, junto con un reglamento que lo desarrolle. En dicha ley debería recogerse la figura de una autoridad única. En cuanto a los gastos de explotación que genere el transporte, la propuesta es que sean cubiertos por las tarifas, lo que llevaría a una elevación notable de las mismas, y, en su caso, por los beneficiarios indirectos del transporte. En este último apartado se lee igualmente que los incrementos de costo por cuestiones sociales (reducciones a la tercera edad, por ejemplo) deben ser cubiertos de forma extratarifaria por los entes que los implanten.

Conclusión importante es igualmente que las obras de infraestructura necesarias para el transporte deben de ser cubiertas por el Estado, los entes autonómicos y los entes locales.

En el campo laboral se recoce la necesidad de un acuerdo-marco nacional dentro del Estatuto de los trabajadores para todas las empresas de transporte.

En cuanto a las empresas públicas, se propone una mayor tecnificación de los ayuntamientos en la materia. Se propone también incrementar la competitividad del transporte público frente al transporte privado, con soluciones integrales y restricciones al coche particular, así como la creación de tasas por estacionamiento. Queda recogido también entre las conclusiones el compromiso que las empresas de transporte público han de renovar sus flotas, para lo cual es imprescindible la creación de una vía prioritaria de financiación. Se aboga porque las empresas que gestionen el transporte público tengan un equilibrio económico financiero y, Finalmente, se solicita que llegue a los usuarios una información objetiva y transparente sobre las empresas.

Polémica entre empresas privadas y empresas públicas

Los conferenciantes fueron Juan Torres, presidente del Metro, de Madrid; Juan Claudio de Ramón, delegado de Obras del Ayuntamiento de Madrid y miembro del consejo de la EMT madrileña; Gonzalo Alvarez Arrojo, presidente de la Asociación de Transportes Urbanos Colectivos; Gregorio Juncos, presidente de la Federación Nacional de Transportes de Viajeros; Rafael Fernández Alarcón, ingeniero de Caminos del Ayuntamiento de Zaragoza; Francisco Iglesias, director de marketing, de ENASA; Antonio Espinosa, consejero de Transportes del País Valenciano, y los periodistas Manuel Marlasca, de Pueblo, e Ismael Fuente, de EL PAIS.Los principales puntos en los que convergieron casi todas las intervenciones fueron los relativos a quién debe de financiar el transporte, si se deben de primar los precios políticos, si las empresas del transporte deben de ser públicas o privadas, qué medidas deben de tomarse para restringir el uso del automóvil particular en las ciudades y qué medidas deben de adoptarse para conseguir una mayor calidad en el transporte.

El eje de las jornadas fue, en cualquier caso, la polémica entre la empresa privada y la empresa pública. Numerosas intervenciones de uno y otro signo dieron argumentos más que razonables para la existencia de los dos tipos de empresas, sin que al final se pronunciaran los congresistas en las conclusiones. Pareció prosperar la tesis de que la coexistencia entre ambos tipos de empresas sería posible si las posiciones no fuesen tan maximalistas, y que las dos pueden integrar el consorcio del transporte que prevé la futura ley del Transporte en las áreas urbanas.

En cuanto a quién debe de pagar el transporte, los representantes del sector del transporte público español alcanzaron el mayor nivel de acuerdo, al concluir en que debe ser el usuario a través de tarifas autosuficientes (es decir, mucho más elevadas) quien sufre en su totalidad los gastos derivados del transporte. A este respecto, se acordó igualmente que los precios que paga el usuario español por las tarifas de los transportes públicos son muy bajos: aproximadamente una familia española gasta entre el 9% y el 10% en transporte, mientras que la media europea se sitúa entre el 15% y el 18%, es decir, prácticamente el doble.

Tanto los empresarios privados como los públicos consideran en su mayoría que este tope del 10% puede incrementarse, aunque ello repercutiera socialmente en las clases menos pudientes, siempre que a cambio se ofreciese una verdadera calidad en el transporte.