Cádiz, sin suelo para construir ocho mil viviendas
El matrimonio Iglesias lleva veintidós años casado. Desde entonces viene solicitando vivienda al ayuntamiento y a la delegación «porque los pisos que se están vendiendo valen dos o tres millones y ningún pobre puede hacerse con este dineral». Desde entonces, también, habita una casa de vecinos muy oscura -la luz tiene que permanecer encendida día y noche-, cuya falta de condiciones se ha ido agravando con el crecimiento de la familia, hasta el punto de que en los últimos tiempos el marido dormía con su hermano; la mujer, con un hijo de seis años, y la hija, de dieciocho, con un hermano de doce. «Hablando feamente: que tiene uno a los hijos como cochinos», resume Cristina Navas.El water es común para toda la casa de vecinos- para pasar de una de las habitaciones a la otra hay que saltar por encima de la cama; lavarse en una bañera de plástico, casi exige un desalojo familiar.... Estas son las razones por las que el 10 de mayo Cristina Navas se decidió a meterse por la fuerza, con un colchón y varias mantas, en el cuarto piso de Levante, 1, en una vivienda adosada a un colegio nacional y que debiera estar ocupada por un profesor de EGB.
Esta mujer, que se retuerce el delantal mientras habla, y este hombre, que trabaja el día que hay trabajo en el muelle, esperan que alguien les busque una solución, («Esperamos que este alcalde nuevo sea más amable con los pobres; si nos diera un piso, lo cogíamos a hombros entre todos.») Mientras no la haya, ellos no piensan moverse de allí, lo mismo que ese otro ocupante tan joven que parece mentira que tenga ya cuatro hijos y que afirma rotundamente: «Yo, de aquí no me voy, me tienen que matar antes de sacarme. Y eso se lo digo yo al alcalde, al gobernador...
Casos semejantes son los de las familias que han ocupado viviendas en el colegio Adolfo de Castro, en García de Sola -piso propiedad de un militar-, en Velázquez o en la urbanización La Ardilla, de la vecina San Fernando.
Las ocupaciones de ahora no son sino la consecuencia de un crecimiento urbano aberrante por no planificado, a base de pisos de lujo inaccesibles a economías modestas, alquileres desorbitados a causa de la presión turística y esa forma de chabolismo vertical que representan muchas casas de vecinos superpobladas de los barrios de Santa María y La Vina y otras zonas del casco antiguo, subdivididas metro a metro (los llamados partidilos) y sedes de hacinamiento y estrecheces.
Veinte o treinta solares
«El gran problema de Cádiz es la falta de suelo. Mientras no haya suelo planeado y a un coste razonable, no tenemos posibilidad de actuar», declaró a EL PAIS el delegado provincial de la Vivienda, Mario Peñalver, subrayando que el Ministerio tiene las manos atadas por la falta de espacio para construir. «Si le digo que puede haber veinte o treinta solares donde levantar viviendas, tal vez le exagero mucho», añadió.En efecto, el déficit de suelo impone que tanto en Cádiz-1 (casco antiguo), como en el Cádiz-2 (desde Puerta de Tierra a Cortadura) sólo puedan realizarse actuaciones marginales que apenas contribuyen a paliar el problema. Las posibilidades de una real expansión de la ciudad se limitan, pues, al Cádiz-3, es decir, la zona situada a partir del Fuente de Cortadura, en dirección a San Fernando, cosa que ya supieron ver ciertos promotores con vista, que hicieron algunas obras de infraestructura en el sector, antes de que fuese aprobado el correspondiente plan de ordenación.
El plan fue impugnado por diversas entidades profesionales y ciudadanas y, finalmente, rechazado por el Ministerio de Obras Públicas. En su base no había más que una gran operación especulativa que contemplaba un aumento de la demanda turística antes que las necesidades de equipamiento de los ciudadanos de Cádiz. Pero algo hay que hacer con el sector, y Mario Peñalver ha recordado al nuevo Ayuntamiento la existencia de un detallado estudio del Ministerio, que, sin imponer nada, examina siete opciones para el Cádiz-3. El estudio fue entregado hace casi dos años a la anterior Corporación y en todo este tiempo ha dormido el sueño de la desidia.
El puente como obstáculo
Puede haber otra solución para esta ciudad, en la que algunos llegan a proponer que no se permita empadronarse a nadie más: construir al otro lado del puente José León de Carranza, en la zona del río San Pedro, ya en el término municipal de Puerto Real. Allí el Ministerio ha anunciado la promoción de 960 viviendas en terrenos propiedad del Instituto, aunque el delegado provincial reconoce la dificultad que representa el carísimo peaje del puente, que quienes habitasen en este sector y trabajasen en Cádiz tendrían que abonar dos o cuatro veces diarias.Más que dificultad es un obstáculo insuperable para familias obreras, según piensa la izquierda gaditana. Para Hipólito García (PSOE), concejal delegado de Vivienda y Urbanismo, «es inadmisible que el puente, que se había concebido para promocionar la ciudad, se haya convertido en un freno a su desarrollo»; opina que a Cádiz hay que contemplarla ya como ciudad-bahía, implicando mediante una mancomunidad de municipios o entidad metropolitana a la propia Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María y San Fernando.
Desde esta óptica, los socialistas piden que el poder central proceda a la nacionalización del puente, pagando a Bética de Autopistas la correspondiente indemnización que, «en todo caso, será mucho más barata que los accesos a Madrid o Barcelona». En cuanto a Cádiz-3, Hipólito García se muestra partidario de abrir un debate público sobre el tema, con participación de profesionales, asociaciones de vecinos y todo aquel que tenga intereses en el sector, después del cual habrá que tomar la decisión que más intereses a la ciudad. A título particular, el concejal socialista considera que la margen derecha, como zona de playa, debe quedar reservada para zona de esparcimiento y recreo.
Faltan 8.000 viviendas
«Sin rechazar las posibilidades del Cádiz-3, la única forma de hacer frente al déficit de 8.000 viviendas que padece la ciudad es mediante la liberación del peaje», confirmó a EL PAIS el concejal delegado de Enseñanza, Manuel Gómez de la Torre (PCE), que ha tenido que lidiar también con el problema de las ocupaciones, ya que algunos de los pisos en cuestión eran de propiedad municipal y destinados a maestros. Para los comunistas, el problema de la vivienda es una consecuencia más del modelo de crecimiento aberrante que se ha seguido en la ciudad.Ambos interlocutores están de acuerdo en que las ocupaciones son un regalo envenenado a pocos días de constituirse la nueva Corporación y subrayan que esas viviendas estaban vacías desde hace años, sin que nadie las hubiese ocupado hasta ahora, mostrando también su extrañeza porque la fuerza pública se apresurase a desalojar un piso propiedad de una inmobiliaria que había sido ocupado días atrás, mientras que ante las viviendas municipales la actitud de las autoridades es de inhibición. Precisamente Cádiz fue la primera ciudad en la que entró en vigor una ley, no derogada, de 1947, que obliga a los gobernadores civiles a perseguir a los propietarios de viviendas que las tengan abandonadas.
Lo que el Ayuntamiento de izquierdas no consentirá, aseguran, es que las viviendas vayan a manos de los más listos o los que den las patadas más fuertes a la puerta.
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