Adjudicación definitiva de Reace en 500.000 pesetas

Un empresario catalán, Francisco Faiges, se ha adjudicado en 500.001 pesetas la empresa Reace, donde hace cinco años se descubrió una defraudación de aceite depositado por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, CAT, de 167.615.172 pesetas. En medios empresariales ha sorprendido el final del affaire, ya que se estima que solamente los terrenos de la empresa pueden tener un valor superior a 130 millones de pesetas, y el conjunto del activo podría aproximarse a doscientos millones.En el juzgado de Instrucción número dos de Vigo se ha celebrado la subasta definitiva, cuarta de las realizadas. Inicialmente, la empresa tenía un precio de licitación de aproximadamente 38 millones de pesetas. En las dos primeras subastas no hubo licitadores y en la tercera, el hoy adjudicatario, ofreció 50.000 pesetas. Al hacerse público, la viuda del principal accionista, Isidro Suárez, fallecido en extrañas circunstancias en la cárcel de Vigo, ha hecho uso del derecho de retracto, cediendo el mismo al señor García Reus, empresario de Hospitalet de Llobregat, que tiene, entre otros negocios, uno de comercialización de ajos y patatas. Según han manifestado fuentes dignas de crédito, la viuda, Rocío González del Valle, deseosa de resolver el problema y que se liquidara la deuda con la CAT -estimada en unos cien millones de pesetas-, aceptó el ofrecimiento del licitador, que después de ofertar 500.000 pesetas no repitió la puja al elevar una peseta la cantidad en que luego ha sido adjudicatario.

Algunos aspectos del problema no han quedado claros. La subasta se refiere a la empresa, en cuyo pasivo aparecen unos dieciocho millones de deudas a particulares -aproximadamente once millones precisamente,al adjudicatario-, y en algunos medios se estima que también debería figurar la cantidad que todavía no Se ha resarcido a la CAT, esos cien millones de pesetas. De no ser así, el negocio del comprador sería de gran importancia y quizá la administración no podría recuperar nunca lo que supone aproximadamente dos tercios de la defraudación.

El hecho de que el adjudicatario solicitara reiteradamente al juez la valoración de las deudas reconocidas -cosa que el juez no aceptó, por considerar que había tenido tiempo de informarse-, se interpreta en el sentido de que él mismo tiene la duda de si estará obligado a abonar los cien millones a la CAT. También solicitó durante la subasta, igualmente sin éxito, que el administrador judicial de Reace, que no había acudido, explicara cuál es la situación económica de la empresa en este momento, «ya que ayer mismo -dijo- pudo endeudarse en un millón de pesetas».

Desde 1972, fecha en que se descubrió el affaire, la empresa Reace, estación de descarga con alta rentabilidad económica, apenas ha recibido aceite de la CAT en depósito, no obstante, estar en régimen de administración judicial, en medios empresariales se estima que si la CAT hubiera mantenido las relaciones anteriores con la empresa, el Estado se habría resarcido de lo defraudado y la sociedad estaría a pleno rendimiento, sin haber sufrido el deterioro económico de los últimos años, por falta de facturación.