Las policías de Argentina y Uruguay colaboran para eliminar sus respectivos exiliados

Guerrilleros argentinos siguen cayendo en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad, y a partir de la medianoche de ayer entró en vigor la pena de muerte por fusilamiento contra todas aquellas personas condenadas por asesinar a magistrados, funcionarios o personal de las fuerzas de seguridad argentinas. La pena máxima es también extensible para los que paguen rescates o subvencionen a los movimientos guerrilleros. Mientras, el presidente Videla, en plena euforia optimista, declaró en la Patagonia que el año próximo se iniciará el despegue económico del país.

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Guerrilleros argentinos siguen cayendo en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad, y a partir de la medianoche de ayer entró en vigor la pena de muerte por fusilamiento contra todas aquellas personas condenadas por asesinar a magistrados, funcionarios o personal de las fuerzas de seguridad argentinas. La pena máxima es también extensible para los que paguen rescates o subvencionen a los movimientos guerrilleros. Mientras, el presidente Videla, en plena euforia optimista, declaró en la Patagonia que el año próximo se iniciará el despegue económico del país.

Las fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay siguen colaborando secretamente para acabar con los exiliados uruguayos que viven en Argentina, dice en un informe la organización Amnesty International.Durante los meses de abril y mayo últimos al menos diez uruguayos murieron víctimas de esta conspiración. Entre los métodos usados para asesinarlos está el de arrojarlos vivos al mar desde un helicóptero.

El ministro argentino del interior negó en junio pasado que esta colaboración existiera. Este portavoz oficial también negó entonces que hubieran vivido en Argentina las personas cuya «desaparición» se ha denunciado. Sin embargo, Amnesty posee documentos que prueban que tales personas vivieron en Buenos Aires hasta el momento en que fueron asesinadas o «desaparecidas».

Para probar que tal cooperación ha existido y existe, Amnesty cita los casos de dos diputados uruguayos secuestrados y asesinados en Buenos Aires, en zonas fuertemente custodiadas por la policía. A pesar de las numerosas huellas dactilares dejadas atrás por los autores de los crímenes, la policía jamás llevó a cabo una investigación adecuada. Las autoridades argentinas se limitaron a culpar del doble asesinato al Ejército Republicano del Pueblo mientras que un portavoz gubernamental uruguayo acusó a los Tupamaros dé haber sido ellos los autores de muertes de diputados.

Este tipo de cooperación entre las fuerzas de seguridad de los dos regímenes citados se produce también con las policías de Chile, Paraguay y Brasil, según afírma Amnesty International

Antes de que el parlamento fuera disuelto después del golpe militar de este año, los diputados argentinos pidieron detalles que clarificaran la situación denunciada. Jamás han recibido respuesta. Al contrario, desde finales de abril de 1976 por lo menos siete cadáveres han sido hallados en el río de la Plata y han continuado las «desapariciones» misteriosas de exiliados uruguayos.

No obstante, el régimen argentino trató de desentenderse de estas cuestiones, cuando estallaron escándalos sobre asesinatos y secuestros de exiliados, fuesen uruguayos o de otros países, en Argentina. Por ejemplo, cuando fue asesinado el ex presidente de Bolivia, general Torres.