La Audiencia de Barcelona tumba la imputación al Barça por cohecho en el ‘caso Negreira’

La Audiencia de Barcelona ha asestado un revés a la investigación del juez Joaquín Aguirre sobre los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira. El tribunal ha tumbado la imputación por un delito de cohecho que pesaba sobre el club azulgrana y también sobre el resto de investigados, incluidos tres expresidentes (Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta) y diversos directivos, que seguirán no obstante investigados por un delito de corrupción en el deporte. El club azulgrana expresó su “satisfacción” por la decisión de la justicia a través de un comunicado.

En septiembre de 2023, el juez instructor atribuyó un nuevo delito, el de soborno, a todos los investigados en el caso Negreira: cohecho. Aguirre argumentó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ejerce funciones de naturaleza pública y que Negreira, como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, debía tener la consideración de funcionario público. Durante su etapa como número dos de los árbitros españoles (entre 1993 y 2018), Negreira recibió más de siete millones de euros del Barça por motivos que se ignoran. Sin que el club haya podido dar una explicación razonable, una de las hipótesis de la investigación (no contrastada hasta la fecha) es que los pagos sirvieran para amañar las competiciones (la Liga y la Copa) a favor del club azulgrana.

Las defensas de los investigados se opusieron de forma tajante a la tesis del juez. Y obtuvieron el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que también rechazó la imputación por soborno con el argumento de que en ningún momento Negreira ejerció como funcionario. El hecho de que “algunos de los cometidos” de la RFEF tengan una dimensión pública “no la convierte sin más en una administración” de esa naturaleza.

La Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha aceptado esos recursos y ha revocado el auto que atribuyó a los investigados el delito de cohecho. Los magistrados recuerdan que las federaciones son, de acuerdo con la Ley del Deporte, “entidades privadas de naturaleza asociativa”. Aunque tienen dos tipos de competencias (propias y delegadas) en ningún caso pierden “su intrínseca naturaleza”, que es privada. Los magistrados analizan a fondo la jurisprudencia sobre la figura del funcionario público y concluyen que Negreira no lo era. No solo nunca fue nombrado por una “autoridad competente”, sino que las funciones que llevaba a cabo “no pueden ser catalogadas de interés general, por mucho interés que puedan tener para los asiduos al fútbol”.

La “contradicción” del juez

Los magistrados reprochan que Aguirre “incurre en cierta contradicción” en su auto de septiembre de 2023, puesto que imputó un delito de cohecho, pero al mismo mantuvo una calificación alternativa (por corrupción en el deporte) para el caso de que su tesis principal fuera descartada. “Toda la fundamentación de la resolución está orientada de forma exclusiva y aparentemente excluyente a justificar la condición de funcionario público” de Negreira.

Pese a anular la imputación por cohecho y pese a las críticas al juez, el tribunal mantiene la causa abierta por corrupción en el deporte. El caso Negreira, de hecho, tiene su origen en una querella de la Fiscalía por ese delito, que castiga a los “directivos, administradores, empleados o colaboradores” de una entidad deportiva, pero también a los “deportistas, árbitros o jueces” que quieran “alterar de manera deliberada y fraudulenta” el resultado de una competición. Tanto el Barça como los expresidentes y directivos del club y los Negreira (José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez) mantienen su condición de investigados. En la misma resolución, los magistrados han rechazado la petición del expresidente Sandro Rosell de que se archive la causa contra él por prescripción del delito.

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