El maná del fútbol evita la quiebra a 60 federaciones

Privadas de competición y de los ingresos por patrocinio, por televisión o por las licencias varias para competir, la mayoría de las federaciones deportivas corren peligro de tener que declararse en quiebra. Y los gastos aumentarán debido al retraso de los Juegos Olímpicos.

Las federaciones son las responsables de la preparación de los deportistas olímpicos. Agrupadas en ADESP, piden menos IVA, un 1% del dinero de las apuestas, negociaciones con Hacienda... Piden un plan de salvación y necesitan un aumento de las subvenciones públicas, un maná que ya fue recortado tremendamente en el cuatrienio 2012-2016, cuando más se notaron los efectos de la crisis económica.

Fue la época de Miguel Cardenal al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Las federaciones redujeron gastos, se sometieron a duras auditorías que sacaron a la luz desvíos y corrupciones varias, despidieron personal, se obligaron a planes de ajuste, sobrevivieron.

El Estado redujo su aportación a prácticamente la mitad (de 77 millones de euros antes de la crisis se bajó a 42 millones), y el descenso de ingresos de las federaciones no fue mayor gracias a la política de Cardenal, quien logró con un solo Real Decreto, el de comercialización de los derechos televisivos del fútbol del 30 de abril de 2015, multiplicar los ingresos del fútbol de tal manera que no solo pudiera sanearse la economía de los equipos sino también que de esos ingresos, multiplicados por tres, saliera el dinero suficiente para aumentar las subvenciones a las más de 60 federaciones deportivas españolas. “Soy Robin Hood”, dijo Cardenal, quien cuando se retiró del servicio público empezó a trabajar en Mediapro, la empresa de Jaume Roures que se hizo con la mayoría de los derechos televisivos de la LaLiga. “Se lo quitó a los ricos, el fútbol, para dárselo a los pobres”.

“Tuvimos que emprender, por fin, una búsqueda mayor de ingresos fuera del Estado”, dice José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo. “Antes, apenas disponíamos de ingresos propios. Ahora mismo, nuestro presupuesto se completa con aproximadamente un 50% de subvención pública y un 50% de ingresos propios, vía patrocinadores, licencias, cuotas de organizadores…”

Si los ingresos provenientes del Estado se mantienen seguros (y hace unas semanas, el CSD se los aseguró liberando la partida de 50 millones de euros prevista en los presupuestos del Estado que se han debido prorrogar), son justamente los ingresos propios los que desaparecen. “No tenemos competiciones, no tenemos televisión, los patrocinadores no obtienen publicidad y no pagan”, dice Cerrón. “Y también las federaciones autonómicas han perdido su principal fuente de ingresos, las licencias de un día para competiciones populares o las cuotas de los organizadores… Íbamos a salir este año del plan de saneamiento, la deuda la teníamos prácticamente pagada, pero tendremos que renegociar un año más… Y espero que eso sea lo peor”, apunta el presidente del ciclismo español.

Para evitar que el pesimismo vital federativo no se lleve la razón, y cuando se anuncia una crisis económica aún más tremenda que la de 2008, la presidenta del CSD, Irene Lozano, ha vuelto, cinco años más tarde, al pozo excavado por Cardenal en el fútbol, en una Liga que ingresa más de 2.000 millones por la venta de sus derechos televisivos. “El fútbol representa un 1,4% del PIB nacional aproximadamente, y unos 185.000 empleos, según LaLiga”, afirmaba Lozano en un memorando al Gobierno para anunciarle su estrategia. “En la era poscovid, el fútbol ha de convertirse en la locomotora del deporte. Será necesario un rescate económico al conjunto del deporte, pero no habrá recursos públicos para todos, y el único colaborador privado que podría aportar es el fútbol: conviene cuidar su papel de socio en la salida de la crisis”.

“En efecto. El modelo de negocio instaurado por Cardenal ha funcionado. Los clubes han salido de la ruina. LaLiga es una de las más potentes económicamente”, explica Lozano una semana después de conseguir que Javier Tebas, el presidente de LaLiga, aceptara más que doblar la contribución de los clubes a las federaciones en general y a la de fútbol en particular. El acuerdo, que supone pasar de un 1% a un 2,5% de los ingresos televisivos para el CSD (de unos 20 a unos 50 millones anuales, unos 200 millones en los cuatro años previstos), es el fruto de un encaje diplomático más complicado que el de Cardenal-Tebas, dos que siempre fueron de la mano, hace cinco años.

Los ‘acuerdos de Viana’

“Antes que nada”, dice Lozano, “había que lograr la paz del fútbol, sentar juntos a dos que apenas se hablan, Tebas y Luis Rubiales, presidente de la federación española, y no dejarles levantarse hasta que hubiera un acuerdo”. Eso ocurrió el sábado 18 de abril, de 10 a 19.30 horas en una gran mesa en el Palacio de Viana, en Madrid, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fueron los llamados acuerdos de Viana, que sellaron tanto el fin de la guerra entre los dos poderes del fútbol español como la llegada de nueva financiación para los deportistas olímpicos y el deporte federado en general. Cuatro personas en una mesa. Una árbitra y su asesor, en un lado, y dos púgiles enfrente. Todos, desarmados. Los teléfonos móviles, en una salita exterior para evitar distracciones, whatsapps, tuits, filtraciones y grabaciones. Pequeñas pausas para estirar las piernas. Media hora para comer de bufé, de pie.

Fue una encerrona, reconocen los protagonistas, a quien convocaron pocas horas antes. “Fue clave el conocimiento en mediación y negociación del diplomático Joaquín de Arístegui, que ya tenía contactos con Tebas y Rubiales y que me asesoró en todo momento”, dice Lozano. “Fue un plan pensado durante dos semanas, partiendo de que era igual de importante el proceso que el acuerdo. Había que lograr la paz, y, como mostró el diplomático Richard Holbrooke, el partero de los acuerdos de Dayton en los que Serbia y Croacia aceptaron en 1995 la formación de Bosnia-Hercegovina, no hay forma mejor a veces que la intervención de un poder neutral. Se trataba de cambiar las dinámicas. Y llegar a cualquier acuerdo entre dos poderes que llevaban tiempo expresando sus discrepancias sobre todo… Y todo había crecido como una bola de nieve”.

“Todo tiene un sentido político potente: es un acuerdo que posibilita una solución”, es la fórmula empleada por Irene Lozano para describir la paz del fútbol que se plasma, después de pasar bajo la lupa de la vicepresidenta Carmen Calvo, en un real decreto ley publicado el miércoles pasado. En él se crea la Fundación España Deporte Global FSP, un ente sin ánimo de lucro controlado por el Consejo Superior de Deportes que recibirá el 1,5% del dinero televisivo (30 millones de euros) pactado con LaLiga a mayores del 1% (20 millones) que ya percibía el CSD desde los acuerdos de Cardenal y Tebas.

Esta fundación, en cuyo patronato habrá representación de federaciones, organizadores, deportistas y ligas, también se encargará de gestionar los derechos televisivos de aquellas federaciones que se los cedan. El CSD le ha retirado a LaLiga su OTT (LaLiga Sports), el servicio de streaming de transmisión de las competiciones de las diferentes federaciones., las cuales, si no quieren gestionar directamente sus derechos solo se los podrán ceder a la fundación.

LaLiga se compromete también a pasar del 1% al 2% el dinero que vierte anualmente a la federación de Rubiales, y la federación de fútbol logra que en el artículo 1 se le reconozca el papel de organizador de todas las competiciones de fútbol en España y, además, el derecho a comercializar los derechos televisivos de la Copa del Rey, la Supercopa y el fútbol femenino. También se santifica un nuevo reparto de los ingresos de la Copa. Los clubes no profesionales se repartirán un 40%, y no el 10% fijado en 2015.

Para compensar sus nuevas aportaciones, LaLiga reducirá del 3,5% al 2,5% el monto destinado a compensar a los clubes que desciendan. Además, y aquí está la gran ganancia de Tebas, logra que el Gobierno asuma la necesidad de que se reanude la Liga cuanto antes y también una liberalización del plazo máximo de duración de los contratos con las televisiones, hasta ahora fijado en tres años, hasta los seis años que la UE permite al fútbol inglés. Esto, según los especialistas, hará aumentar el valor de los paquetes de la subasta del fútbol, que ninguna operadora querrá perderse, ya que quedarse fuera del fútbol un periodo de hasta seis años es un riesgo que no corran correr. “En el fondo”, señala un analista, “Tebas no pierde nada, solo adelanta dinero a cuenta, pues sabe que LaLiga se venderá aún más cara”.