Un presidente de seis meses

Nombrado el pasado 1 de abril en sustitución de Jaime Lissavetzky, que se presentaba a las elecciones municipales en Madrid, Albert Soler deja de ser presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que su partido, el PSC, le incluyera en un puesto de salida en sus listas al Congreso por Barcelona para las elecciones legislativas del 20 de noviembre. El Consejo de Ministros aprobó ayer su cese, voluntario, y, posiblemente, designará la próxima semana su sucesor, cuya duración en el cargo será aún menor, un par de meses, y cuyo cometido más relevante será el traspaso de poderes si se produce la victoria del PP en las elecciones. La directora general del CSD, Matilde García Duarte, queda provisionalmente como número uno.

Han sido solamente seis meses y una semana el tiempo que ha permanecido Soler en el cargo de secretario de Estado para el deporte, tiempo suficiente, sin embargo, para, sorprendentemente para muchos, marcar las distancias con su antecesor, Lissavetzky, y mostrar una acusada personalidad.

Amante de la política de acción, quizás herencia genética de su pasado como deportista -fue buen waterpolista-, sin temor a las consecuencias, competitivo y poco dado a las salidas de compromiso, Soler, quien siempre dice que hay que hacer y no estar, dio inmediatamente muestras de su valor cuando decidió que todos aquellos implicados en investigaciones judiciales o federativas sobre dopaje, aun no estando sancionados, no podían formar parte de ninguna selección española. Fue su respuesta al laberinto en que acaban convertidas todas las operaciones policiales contra el dopaje. Le granjeó la inmediata simpatía de los deportistas más comprometidos y el rápido rapapolvo por parte de la superioridad, que le obligó a rectificar, a dar marcha atrás. Comprobó, por si no lo intuía, la ingratitud de la lucha contra el dopaje, que exige grandes riesgos por parte de quienes la asumen decididamente y les proporciona escasos beneficios y mínimos rendimientos. Pese a ello, puso en marcha una reforma de la Ley Antidopaje y tenía planes para reforzar el papel de la Agencia Estatal Antidopaje, cuyo contenido actual no está a la altura de las necesidades.

Soler también estaba convencido de la necesidad de un cambio de sistema en lo referente a la forma de asalariar a los deportistas de elite de especialidades olímpicas -atletismo, natación...-, que, con el sistema actual, el Plan ADO, corren el peligro de convertirse en funcionarios de las becas olvidando que la razón principal de los deportistas es la competición.

Otro pilar en el que querría haber dejado su impronta personal, pero no tuvo tiempo para ello, fue en el de la Ley del Deporte profesional. Las consecuencias negativas de su mala regulación en la Ley del Deporte actual se comprobaron meridianamente en la reciente huelga del fútbol español, manifestación tanto de la crisis como de la desmesura económica de la Liga y de la falta de reglamentos que den cobijo al fairplay financiero. Durante la huelga, más que en ninguna otra ocasión, tuvo Soler oportunidad de mostrar su perfil. Mientras Lissavetzky, de quien Soler fue director general casi cuatro años, en ocasiones similares intervino directamente en la solución del conflicto, Soler prefirió mantenerse al margen de lo que consideró una disputa entre una empresa, los clubes de fútbol, y sus empleados, los futbolistas. A todos les dejó claro desde el principio que no intervendría para cambiar el sistema de transmisión de partidos, que no tocaría el reparto del dinero de las quinielas, que el estado no pondría ni un euro pese a las solicitudes de los dos bandos.