El Gobierno estrena la anhelada prestación por desempleo adaptada a la intermitencia del trabajo cultural

El estreno más esperado del sector cultural no es una película, una novela o un disco. Tampoco se verá sobre las tablas ni se jugará en una consola: sale del Consejo de Ministros. La intención, eso sí, es que precisamente sirva para garantizar y reforzar el inestable presente y el incierto futuro de quienes crean arte. Porque el real decreto que el Gobierno ha aprobado este martes incluye dos medidas clave para la cultura: una inédita prestación por desempleo adaptada a la precariedad del sector, por primera vez en la historia democrática de España; y la compatibilidad entre el cobro de la pen...

El estreno más esperado del sector cultural no es una película, una novela o un disco. Tampoco se verá sobre las tablas ni se jugará en una consola: sale del Consejo de Ministros. La intención, eso sí, es que precisamente sirva para garantizar y reforzar el inestable presente y el incierto futuro de quienes crean arte. Porque el real decreto que el Gobierno ha aprobado este martes incluye dos medidas clave para la cultura: una inédita prestación por desempleo adaptada a la precariedad del sector, por primera vez en la historia democrática de España; y la compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y cualquier actividad artística que genere rendimientos económicos, tal y como pudo confirmar EL PAÍS con dos fuentes que participaron en la negociación.

El Ejecutivo pretende reconocer así a nivel laboral la compleja realidad que los profesionales artísticos experimentan y, a menudo, sufren: hay semanas de mucho trabajo, donde el móvil no para de sonar y la cartera se alimenta; pero prácticamente cualquiera afronta también y sobre todo meses de inactividad, silencio e ingresos nulos. Y eso, con suerte. Porque en muchos casos los días de empleo en un año se cuentan por un puñado. En una palabra, intermitencia, algo que la legislación francesa, por ejemplo, recoge desde hace años. Y que, ahora, el real decreto español también quiere proteger.

De ahí que se rebajen los requisitos para acceder a la prestación por desempleo: frente a los 360 días cotizados en los últimos seis años que se exigen habitualmente, artistas y técnicos necesitarán en torno a la mitad, un umbral cercano a la propuesta que los representantes del sector cultural plantearon al Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, durante las negociaciones. En concreto, además de los sindicatos CC OO y UGT, se sentaron a la mesa la Unión de Actores y Actrices, ConArte (confederación de artistas-trabajadores del espectáculo), la Unión de Músicos y Alma, el sindicato de guionistas.

La duración exacta de la prestación se desvela este martes: en los últimos borradores, se fijaba en 120 días. Y su cuantía también ha sido objeto de negociaciones prolongadas y solo se conocerá de forma definitiva en la rueda de prensa en la que el Gobierno la anuncie. Ahí también se sabrá si finalmente entra en este real decreto o habrá que esperar algo más para otra medida que ultima, en este caso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: una cuota especial para autónomos del sector cultural con ingresos muy reducidos, por debajo de 3.000 euros.

Los números oficiales ―del Anuario de Estadísticas Culturales 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte― refuerzan la necesidad de las nuevas medidas. El sector cultural empleó, en 2021, a 690.800 personas, el 3,5% del mercado laboral. Pero solo el 66,6% era asalariado, frente a la media general del 84,1%. Y apenas uno de cada dos cuenta con un contrato indefinido, nuevamente por debajo de la media nacional (63%). El universo empresarial muestra la misma inestabilidad: la expresión “industria cultural” se refiere en realidad a un sector donde el 67,1% de las 128.741 empresas registradas no tiene ningún empleado (es decir, se trata de un autónomo en solitario) y el 26,8% suma entre uno y cinco.

Además, el real decreto busca rematar otra labor pendiente durante años: desde 2019, los artistas jubilados pueden percibir la pensión y, a la vez, los derechos de autor. A partir de ahora se les permitirá, además, recibir ingresos por actividades artísticas. Es decir, básicamente, seguir creando, justo como el nombre de la plataforma que nació para impulsar esta reivindicación. Sus miembros denunciaron casos de escritores que sufrieron multas o vieron suspendida su pensión debido a los ingresos generados por sus obras.

Hacía tiempo que buena parte de los trabajadores artísticos venía reclamando todos estos pasos adelante. Al menos, desde que la Unesco recomendó en 1980 a sus Estados miembros que desarrollaran marcos normativos adecuados para el sector. Y todavía más desde que una subcomisión ad hoc consensuó en junio de 2018 en el Congreso un informe de 75 puntos para la elaboración del llamado Estatuto del Artista.

Algunos, poco a poco, se fueron convirtiendo en ley a lo largo de estos años, como un nuevo “contrato laboral artístico de duración temporal”. Muchos de los principales cambios, sin embargo, han llegado después de tiempo, pausas, retrasos y una pandemia que dejó al sector como uno de los más damnificados. Tanto que algunos recuerdan que, si las medidas aprobadas ahora hubieran estado entonces, habrían sido el refugio que los trabajadores culturales no tuvieron ante el huracán que les arreciaba.

Música popular y artes escénicas, por ejemplo, perdieron un tercio de sus representaciones y más de la mitad de su público entre 2019 y 2021, según la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Y la Unesco advirtió en febrero del año pasado en un informe de que la situación de muchos artistas había “pasado de precaria a insostenible” por la pandemia, con pérdidas para el sector de entre el 20% y el 40% de ingresos solo en 2020. Para quien cerró o lo dejó probablemente sea demasiado tarde. Por lo menos, sí tendrán un paraguas a partir de ahora quienes pudieron aguantar la tormenta.

El propio Gobierno también llega algo tarde a sus propias promesas. En julio de 2021, creó una comisión interministerial para impulsar el proyecto. Y en diciembre del mismo año, Díaz y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se comprometieron a desarrollar todo el Estatuto del Artista a lo largo de 2022. Se equivocaron, en este caso, en unas semanas. Aunque, en realidad, todavía quedan más medidas antes de poder afirmar que todos aquellos 75 puntos del informe de 2018 son ley. Asuntos fiscales, por ejemplo, relacionados con las retenciones del IRPF. El objetivo final es una condición laboral más justa para los artistas. Para seguir creando, al fin y al cabo, también hace falta seguir comiendo.