Cuando la basura es un problema de ida y vuelta

Cuando pensamos en tráfico de residuos, lo primero que nos viene a la mente son las imágenes de quemas a cielo abierto o de vertederos en Malasia, Turquía o Rumanía. La mayoría de las veces, estas situaciones son causadas por los nefastos hábitos de los países con más recursos, consumidores y productores en exceso, que descargan tanto sus responsabilidades como su propia basura en otros con menos capacidad normativa, regulaciones menos estrictas y salarios más bajos. En otras palabras, en países sin medios para luchar contra la injusticia y que sufren las decisiones que toman los países más ricos. Por esta razón, el caso del tráfico de basura entre Montenegro y España, en Nerva concretamente, nos hace reflexionar.

Desde el principio, este caso no parece encajar con el marco habitual en el que suele producirse el comercio de residuos (de un país próspero a un país más pobre). En realidad, es todo lo contrario. Estamos hablando de Montenegro, un país cuyo salario medio es casi la mitad del español y que está enviando sus residuos peligrosos al decimotercer país más rico del mundo, basura que nadie quiere pero que va a parar a uno de los países con más riqueza del planeta. ¿Se trata finalmente de una represalia contra una práctica intrínsecamente injusta? ¿Estamos viendo, contra todo pronóstico, que finalmente la tendencia se está revirtiendo?

Desafortunadamente, no se trata de eso en absoluto. Si acaso, se trata de la continuación de un modelo general en el que la riqueza externaliza cualquier potencial efecto negativo. Porque cuando se comercia con residuos, debemos añadir una capa extra de complejidad sobre qué debemos hacer con ellos. Las discusiones sobre las diferentes reglas que se aplican, cómo debemos hacerlas cumplir, y cómo se deben monitorear y controlar las exportaciones son habituales. Pero éstas nos distraen del verdadero problema y perdemos de vista el panorama general: los residuos, y aún más los residuos peligrosos, no deberían existir en primer lugar. Y si existen, deberíamos preguntarnos por qué se ha producido y cómo podemos cambiar esto. ¿Es razonable dedicar tanto tiempo a regular algo que debería eliminarse gradualmente? ¿O deberíamos pasar este tiempo eliminándolo gradualmente?

En cualquier discusión sobre el comercio de residuos, esos principios y cuestionamientos deben ser los primeros que guíen nuestras acciones, ya que sólo esto conducirá a medidas eficientes y a largo plazo. Porque, no podemos olvidar, que esas 110.000 toneladas de residuos peligrosos se han generado para la construcción de un puerto para yates de lujo. No tiene sentido entrar en detalles sobre lo absurdo de tal proyecto en un momento de crisis climática y social. Sabemos que este tipo de barcos se encuentra entre los peores medios de transporte individual en términos de emisiones de dióxido de carbono. Sabemos que la mera existencia de este medio de transporte es absurda en un mundo donde la brecha entre ricos y pobres se agranda más que nunca. En otras palabras, sabemos que el proyecto que condujo a la generación de los residuos problemáticos nunca debió existir. Y al final de todo, impactará en la comunidad local de Nerva. Los residuos tóxicos depositados en vertederos están dañando el entorno natural, no se están creando puestos de trabajo, y los municipios no compensaciones económicas por albergar el vertedero. Y así, volvemos al punto inicial: lo que está pasando en Nerva tiene que ver con el consumo poco sostenible y con unos modelos de producción que generan una basura innecesaria cuyos impactos negativos recaerán de forma injusta en la comunidad local.

Por supuesto, detener la reflexión aquí sería idealista e ineficiente. El comercio de residuos forma parte de nuestro sistema económico actual y debe ser regulado para garantizar que cuando suceda, suceda de manera segura. Se trata de adoptar una mejor regulación y de lograr más capacidad para hacer cumplir esa regulación. Pero, sobre todo, esos ajustes regulatorios deben centrarse principalmente en el seguimiento y en la transparencia. Ambos son la clave para alejarse de un sistema que permite que los países más ricos no se responsabilicen de los daños que causan.

Cuando el sistema sea totalmente transparente y todo el mundo sepa lo que está pasando, esto no solo actuará como un elemento disuasorio para que las empresas o los países detengan sus prácticas poco sostenibles, sino que, sobre todo, veremos cuán absurda y sin sentido es toda la situación.

Sólo a través de la transparencia podremos tener una visión más global y completa de lo que representa el tráfico de residuos: el desplazamiento de un problema que no debería haberse creado, un tema bien visible que necesitamos, por supuesto, controlar. Pero sobre todo no olvidemos que nuestro principal objetivo debería ser que este tráfico no existiera.

Pierre Condamine es asesor en políticas de residuos de la organización Zero Waste Europe.

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