La oposición acusa a Torra de sectario al cumplir los primeros 100 días

Quim Torra ha cumplido cien días como presidente de la Generalitat en medio de la crítica de la oposición, según han declarado diferentes partidos a EL PAÍS. Con matices, Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Comú y el PP acusan al Govern de practicar en este tiempo una política sectaria y simbólica, además de situar al Parlament en la inacción por las desavenencias entre Junts per Catalunya y ERC.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, entiende que Torra “ha renunciado a ser el presidente de todos los catalanes para ser, más, bien el líder de un CDR”, en referencia a los llamados Comités de Defensa de la República. La formación naranja reprocha el continuo uso de los “símbolos separatistas que excluyen a la mayoría de los catalanes”, en referencia a los lazos amarillos.

Desde el otro lado del espectro parlamentario, Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en Comú, cree que los cien primeros días están marcados por “excesivos gestos simbólicos que miran más al pasado que al futuro”. Asegura que Torra está ligado a la “figura y la estrategia” de Carles Puigdemont y que el Govern propone “las mismas recetas viejas de antes de la crisis” cuando se plantean aplicar medidas sociales.

Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlament, califica de “matrimonio de conveniencia” el pacto de Gobierno independentista y dice que están “teledirigidos por Puigdemont, viven del pasado y solo están a la espera de un juicio” por la declaración de independencia de 2017. También considera que el Govern es “antisocial” porque no ha priorizado la mejora de los servicios públicos y es “irresponsable” por “mantener la crispación y la división entre catalanes”, además de “gobernar solo para menos de la mitad” de la población.

Más crítico se muestra Alejandro Fernández, portavoz del PP. “Torra es un activista, no un político” que lo que pretende es “generar un conflicto irrespirable que eventualmente provoque una intervención internacional”, asegura.

Las formaciones independentistas lo ven muy diferente. Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso afirma que el Govern lleva cien días “bajo el asedio político, judicial y mediático del Estado” y que, pese a ello, “está recuperando la cohesión social dañada por el 155”. En su opinión, Torra y su Gobierno “se mantienen fieles al mandato del 1 de octubre” y a Puigdemont y han mostrado “una gran voluntad negociadora y de diálogo con el Estado”.

Por su parte, Sergi Sabrià, presidente del grupo de Esquerra en el Parlament, destaca que en estos meses se ha reemprendido la gobernanza en Cataluña y se han empezado a revertir las consecuencias de la aplicación del artículo 155. Asegura que su partido se siente “plenamente partícipe y corresponsable” del Govern de Torra, del que dice que “siempre estará comprometido” con el 1 de octubre y que la recuperación de las leyes anuladas y suspendidas por el Tribunal Constitucional es una de las prioridades para los próximos cien días.

Agenda pendiente

Por otro lado, los dos grandes sindicatos en Cataluña, CC OO y UGT, coinciden en que la inactividad legislativa ha paralizado algunas de las prioridades que los líderes sindicales le trasladaron a Torra en su última reunión. Tanto Camil Ros, secretario general de UGT, como Javier Pacheco, su homólogo en CC OO, consideran que urge empezar a legislar en el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el del Pacto Nacional por la Industria y el de la Función Pública. 

"Estamos decepcionados y enfadados por la falta de productividad de este Gobierno, especialmente por lo que respecta al restablecimiento de los derechos de los trabajadores públicos", afirma Pacheco. A los funcionarios catalanes todavía se les deben las pagas extraordinarias de 2013 y 2014, que fueron recortadas por los ajustes presupuestarios. La última reunión de la Mesa de la Función Pública acabó sin éxito, y aunque en septiembre hay un nuevo encuentro previsto, Pacheco no se muestra optimista. "Los funcionarios han sido los que han garantizado el buen funcionamiento de las administraciones durante la intervención de la Generalitat", recuerda. 

Precisamente, Ros, de UGT, cree que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es la principal causa de la parálisis legislativa: "El 155 lo ha ralentizado todo, sin su aplicación ya tendríamos el reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)". Esta medida social, aprobada hace un año, ha tenido un despliegue complicado, con 55.000 denegaciones. Según Enric Morist, vicepresidente de la Taula de entidades del Tercer Sector, hace falta más velocidad parlamentaria para que la ayuda llegue al máximo de gente posible. "Pero la Comisión de Gobierno de la RGC no se puede aprobar hasta que haya un reglamento, y este tiene que pasar por el Parlament", argumenta. Morist, además, lamenta que en un contexto de cronificación de la pobreza no se haya celebrado ni una reunión de seguimiento del pleno sobre la pobreza celebrado hace más de un año. "Las consejerías de Trabajo y de Salud nos han apoyado mucho, pero queda mucho trabajo por hacer", añade. 

"Será clave la propuesta de presupuestos que haga la Generalitat, en ella se tiene que demostrar la valentía política", dice Ros. Los sindicatos piden que en los presupuestos haya medidas adicionales para hacer efectiva la Renta Garantizada y el Pacto Nacional por la Industria, que prevé apoyar el desarrollo de las empresas en el marco de la revolución digital.