El bloque constitucionalista afronta dividido la nueva etapa política

El bloque constitucionalista, formado por Ciudadanos, PSC y el PP, se mantuvo ayer dividido en el Parlament en la nueva etapa tras la convulsa crisis del independentismo. Los tres grupos visualizaron ayer posiciones diferentes: Inés Arrimadas, que no se postulará como candidata, fue implacable con los secesionistas, mientras Miquel Iceta, líder de PSC, vio desproporcionado el ingreso en prisión de los líderes independentistas y se mostró dispuesto a tender puentes. Los cuatro diputados del PP abandonaron el hemiciclo por ser “un fraude de ley”, pero sin ahondar en la herida.

La decisión de la CUP de pasar a la oposición ha quebrado la mayoría independentista, pero el bloque constitucionalista no da tampoco síntomas de cohesión. Arrimadas consideró que los políticos independentistas están pagando el haber incumplido la ley y el pensar que podían actuar con “impunidad”. “Hay personas que no pueden huir, hay personas que se tienen que quedar aquí, autónomos, pagando sus facturas”, dijo justo un día después de que Marta Rovira, secretaria general de ERC, huyera y no compareciera a declarar en el Tribunal Supremo. El tono fue muy diferente del de Iceta, que mostró empatía con los familiares de los presos, presentes entre el público. Y también al del PP, que optó por un perfil bajo.

La investidura de Jordi Turull ha resultado fallida pero ha tenido la particularidad de que ha activado el reloj de las posibles elecciones. Si el independentismo no es capaz de formar gobierno en dos meses, Mariano Rajoy tendrá que convocarlas y se celebrarían el 15 de julio. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, instó a Roger Torrent a proponer un candidato viable después de los tres intentos fallidos: Carles Puigdemont, huido en Bélgica; Jordi Sànchez, en prisión, y Turull, también ahora encarcelado. “Tienen que dejar de hacer el numerito y plantear un candidato viable y libre de cargas judiciales”, afirmó en declaraciones a este diario.

La posibilidad de que Arrimadas se postule está descartada: suma 57 diputados —los 36 suyos, más los 17 del PSC y cuatro del PP— y se quedaría lejos de la mayoría absoluta (68 escaños). Los comunes siempre han dicho que no apoyarán su investidura. Otras fuentes de Ciudadanos recordaron, además, que una eventual candidatura de Arrimadas solo serviría para cohesionar al independentismo.

Los tres partidos constitucionalistas, que suscribieron la aplicación del artículo 155, coincidieron en pedir la desconvocatoria del pleno, pero después cada uno ofreció una visión distinta. Los socialistas catalanes quieren desmarcarse de Ciudadanos y del PP ofreciendo su apoyo a los partidos independentistas si son capaces de cambiar de tercio el debate político y centrarse estrictamente en la recuperación de la autonomía. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, trató de posicionarse entre los dos frentes. Tachó de “desproporcionado” el encarcelamiento de líderes independentistas y llamó a “abandonar el refugio de los bloques” y avanzar en el “campo abierto del diálogo” y la legalidad para lograr “amplísimas mayorías” para recuperar el autogobierno. En su intervención, Iceta recordó que él solicitó la desconvocatoria del pleno cuando el juez decretó el ingreso en prisión de Turull, pero reconoció que le parecía razonable la decisión del presidente del Parlament de permitir un debate simbólico. Tras mostrar cierta cercanía con los familiares de los políticos en prisión — “pienso en las personas y las familias que hoy lo están pasando peor y que saben perfectamente cuáles son”—, reafirmó su posición de “respeto a la legalidad, al Estado de derecho y a la separación de poderes”.

Fuentes del Gobierno no ocultan su preocupación que las reacciones que puedan causar el ingreso en prisión de los líderes independentistas

El líder del PSC, que afirmó que “el país tiene el corazón encogido”, se mostró “dispuesto a abandonar el refugio de los bloques y avanzar en el campo abierto del diálogo”. En la línea de lo que ya expresó en el debate de investidura del jueves, Iceta pidió “pensar en el país entero y no solo en una parte, por grande que sea”, y recordó que “la salida a esta gravísima crisis institucional, política, económica y social exige de amplísimas mayorías”.

El PP catalán optó por un perfil bajo, temeroso de que el malestar independentista derive en nuevas protestas en la calle. Xavier Garcia Albiol, líder popular, aceptó que es necesario hablar pero consideró que la junta de portavoces era el órgano más adecuado y no el pleno. Por ello, sus cuatro diputados abandonaron el hemiciclo alegando un “fraude de ley” sin mayores advertencias. Y es que el Gobierno de Rajoy asegura que no tiene la menor intención de mantener la tensión ya que la fractura social es muy profunda y no quiere que se agrande. Pero no dudará en activar las acciones que le corresponda si la mayoría independentista pretende saltarse la ley.

Las medidas cautelares de prisión del juez Pablo Llarena no han cogido al Gobierno por sorpresa, pero por ello no han dejado de causarle una enorme preocupación, según fuentes gubernamentales, por las reacciones que ahora pueden suscitar y porque entre sus planes estaba caminar hacia la normalidad. Sin embargo, ese escenario deseado está lejos de producirse tras el impacto que han causado los ingresos en prisión y la huida de algunos dirigentes independentistas. La sensación, reconocen fuentes gubernamentales, es que se ha vuelto a agrandar la crisis entre el independentismo y los constitucionalistas. Ahora, en plena tensión, el Gobierno confía en que Junts per Catalunya y ERC consensúen un candidato sin problemas con la justicia. El Gobierno y el PP no quieren una repetición de las elecciones.